El conato de golpe judicial de la pasada semana sobre la impugnación de 8 diputados opositores introducida en la roja sala electoral del TSJ (con minúscula), se materializó esta semana.
El lunes dicha sala suspendió sus vacaciones para recibir los recursos de sus compañeros del PSUV contra los resultados de las elecciones del 6-D, avaladas por “el más confiable sistema electoral del mundo”, como nos ha repetido el oficialismo durante más de16 años.
Créditos: Reuters
Esta vez la impugnación fue contra 8 diputados que, de prosperar, dejaría a la oposición al otro lado de la frontera (112-8 = 104), en la que habría perdido las dos terceras partes que le permitirían liberar a los presos políticos, limpiar los poderes públicos de la indecencia y corrupción que ha caracterizado su gestión y aprobar acciones de carácter económico y social por las que votó masivamente el pueblo.
El economista José Guerra, diputado electo el 6-D, lo explicó magistralmente en unos pocos tweets: “Nombrado en forma fraudulenta el TSJ se apresta a desconocer la voluntad del pueblo que votó por el cambio (“golpe al voto”). Guerra resalta una aberración digna del “Aunque Usted no lo Crea” de Ripley: “Uno de los magistrados recién nombrado en la Sala Electoral por la AN saliente es Christian Zerpa, quien hasta la semana pasada era diputado del PSUV en la AN y votó a favor de sí mismo para ser elegido magistrado.
Zerpa, hoy ilegal magistrado, quien decidirá sobre el recurso que podría dejar a la oposición sin 8 diputados elegidos por el pueblo, fue candidato derrotado del PSUV en las elecciones legislativas del 6-D”.
Tan perversamente ha sido calculado el golpe que liquidaría de un plumazo la soberanía popular, que seguramente retardarán la realización de elecciones, tiempo que aprovecharán Maduro y la fenecida AN chavista para continuar tomando decisiones inconstitucionales, dado que el TSJ previó políticamente que “de no poder instalarse la nueva AN el 5 de enero de 2016”, continuaría actuando la ya prescrita AN chavista.
El País de Madrid cita el rumor circulante de que la AN chavista se propone prolongar los poderes habilitantes de Maduro más allá del 31 de este diciembre, cuando vence la habilitación anterior, lo que le daría poder para acciones legislativas que corresponderían a la nueva AN a partir de 2016. Maduro aprobó el martes vía Habilitante la Ley de Consejos Presidenciales del Poder Popular, prolongó la inamovilidad laboral por 3 años más (aunque Maduro despide a funcionarios públicos “sospechosos” de no haber votado por el PSUV el 6-D).
Aprobó la Ley Orgánica de Seguridad Social de la FANB; la ley que garantiza la permanencia de los supuestos restos de Chávez en el Cuartel de La Montaña, y la “ley de semilla” sobre la que, después de haber arruinado la agricultura nacional, perseguido a los verdaderos productores del campo y de “haber terminado de destruir este año lo hecho en Venezuela” (como denuncia Fedecámaras), Maduro dice ahora que con esta normativa “se inicia un profundo proceso de transformación para tener un modelo productivo agroecológico y agrosocialista”.
“Se da como un hecho que el TSJ dará curso a las impugnaciones oficialistas”, relata El País, lo que unido a “las nuevas designaciones exprés de magistrados, el gobierno ha reforzado su control sobre el máximo tribunal”.
Con el golpe judicial, el oficialismo desactivaría la mayoría calificada de la oposición que la habilita para aprobar votos de censura contra el vicepresidente y ministros, convocar referendos y reformar la Constitución, entre otros. Abogados constitucionalistas reconocidos como Jesús María Casal y Carlos Ayala Corao aclaran que, aun sin conocer detalles de los expedientes, se sabe que quienes impugnan pidieron una medida cautelar que podría acelerar cualquier decisión, sin embargo ésta no debería impedir la juramentación de los diputados electos y proclamados por el Poder Electoral. “Tendrían que demostrar una causa legal para anular la votación y apenas se entregaron los recursos”, afirma Casal.
“A pesar de la impugnación, la AN debe instalarse el 5 de enero con los 167 diputados electos del 6-D, pues un eventual proceso de nulidad de esas elecciones tiene lapsos y términos probatorios que sobrepasan esa fecha” sostiene Ayala. Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, añade que el TSJ debe solicitar al CNE los expedientes administrativos de cada caso, pero el CNE está de vacaciones hasta el 11 de enero”.
Ya imaginamos en qué “bolsillo” se meterán Maduro y sus rojos “magistrados” los razonamientos legales y constitucionales de Casal, Ayala y el amigo Chúo, partiendo de que si la sala electoral rojita cortó sus vacaciones para recibir las impugnaciones oficialistas contra la oposición, el CNE rojito podría hacer lo mismo. El propio Torrealba denunció que “personal psuvista del CNE y dactiloscopistas analizaron data electoral de Amazonas”, una de las zonas impugnadas. Vaya usted a saber qué marramucias habrán hecho en esa data.
Los atajos leguleyos del TSJ son un golpe judicial rechazado por la comunidad internacional: la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana denuncia que “Maduro comete fraude poselectoral al limitar inconstitucionalmente a la nueva Asamblea”. Numerosos ex jefes de Estado y de gobierno están exigiendo a la OEA y a la UE rechazar la impugnación de diputados; varios congresistas del mundo (Estados Unidos, Europa y otros) denuncian que la impugnación de diputados y aprobación irregular de magistrados oficialistas viola la voluntad del pueblo, a la par que critican la creación poselectoral del parlamento comunal.
Maduro, alienado con su obsesión por el poder que sabe perdido, se olvida de la explosiva bomba del descontento popular originada en la corrupción, torpeza y erradas políticas oficiales que han sumergido al país en la peor crisis de su historia. Maduro debería leer la profusión de críticas a su gobierno en Aporrea, el que fuera el “santa-sanctorum” del chavismo y reconocer que el resultado electoral del 6-D prueba que perdió hasta el chavismo genuino. Lo que le queda a Maduro son grupos de delincuentes armados por el propio gobierno, como aquellos que, siguiendo las prácticas golpistas de quienes los financian, están convocando a “tomar la AN el 5 de enero” y gritan que “es constitucional la toma del Parlamento por parte del pueblo legislador en acción para la calle”. Propósito que se convierte en prueba palpable de que Maduro se quedó sin pueblo de verdad y lo que le queda, mientras los pague, son mercenarios violentos que desfilan por los ministerios los 15 y 30.
PD: A pesar de los estertores golpistas de corta vida, y las dificultades económicas y sociales que viviremos todos en 2016 por culpa de quienes se aferran inconstitucionalmente al poder ¡Feliz año 2016 para todos! Y a seguir luchando por la libertad de los presos políticos y por una democracia plena para todos los venezolanos.
Publicado en El Nacional / Por Marta Colomina