El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió este viernes una orden de continuidad de un año de la “emergencia nacional” declarada en 2015 sobre Venezuela, donde, según indicó, “la situación no ha mejorado” y “el Gobierno continúa erosionando las garantías de los derechos humanos”.
Fotos: Agencias
Composición: Maduradas
Obama emitió en marzo de 2015 una orden ejecutiva aludiendo a la crítica situación del país caribeño, la cual renovó en marzo de 2016 y ahora prorrogó un año más antes de dejar el poder la próxima semana en manos del presidente electo, Donald Trump.
Para la prórroga de la orden, el mandatario argumentó hoy que Venezuela sigue sufriendo “la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos”.
Asimismo, Obama indicó que el país continúa presenciando actos represivos en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, detenciones arbitrarias de opositores y manifestantes, además de corrupción gubernamental.
En la orden que se extiende hoy, Obama determinó que la situación en Venezuela constituye “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, por lo que declaró “una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza”.
La declaración de una “emergencia nacional” es una herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
Tras la declaración inicial en 2015, Estados Unidos trató de explicar que la acusación de “amenaza para la seguridad nacional” es simplemente la fórmula que deben usar los presidentes estadounidenses para tener una base legal que les permita imponer sanciones y que realmente no considera una amenaza a Venezuela.
Pero el decreto debilitó aún más sus lazos con el Gobierno de Maduro, que acusa a Estados Unidos de injerencia y de contribuir a desestabilizar el país.
La orden ejecutiva también autoriza al Departamento del Tesoro a imponer más sanciones contra aquellos de los que se determine que han cometido “acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas”, o hayan cometido violaciones de derechos humanos en protestas en Venezuela, según la Casa Blanca.
Redacción Maduradas con información de EFE.
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