La reciente legislación aprobada por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, conocida como la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social, ha sido objeto de críticas por parte de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. La ley, que busca incrementar los ingresos de los pensionados mediante contribuciones adicionales del sector privado, ha suscitado preocupaciones sobre su legalidad y efectividad.
La academia argumenta que la ley podría no ser viable, dada la situación económica actual y el déficit en la seguridad social. Además, señala que la medida impone cargas financieras adicionales que podrían ser contraproducentes para la recuperación económica y el sistema de seguridad social.
La entidad académica también expresó su desacuerdo con la práctica del régimen de Nicolás Maduro de mantener fijo el salario mínimo y compensar con bonos en divisas, calificándola de inconstitucional y poco efectiva para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.
La ley, que fue publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigor próximamente, ha sido descrita como discriminatoria por afectar únicamente al sector privado y por delegar al presidente la facultad de establecer tasas impositivas sin considerar las políticas internas de las empresas en materia de jubilaciones.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales insta al régimen a dialogar y buscar soluciones que armonicen las políticas tributarias y laborales, con el fin de restablecer la función del salario y aliviar las cargas sobre el sector productivo.
Redacción Maduradas
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