El régimen de Nicolás Maduro, a pesar de haber presentado más documentos e informes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, no ha logrado frenar el proceso en su contra.
Prensa Miraflores
Así lo dio a conocer el informe presentado por el fiscal Karim Khan el pasado 30 de marzo a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado internacional y en el cual respondió a las «observaciones» que las autoridades venezolanas consignaron respecto a su actuación.
El régimen venezolano aseguró que la CPI carece de competencia para analizar lo ocurrido en Venezuela, entre otras razones porque no se produjeron crímenes de lesa humanidad «ni siquiera superficialmente», sino algunos «hechos individuales y aislados de abuso policial», y que los mismos ya están siendo conocidos por los tribunales nacionales. Por último, acusó a la Fiscalía de esa instancia no garantizar el debido proceso.
Estas acusaciones fueron rechazadas por Khan ; para ello empleó las afirmaciones e informaciones que ellas suministraron al juzgado.
«Las alegaciones del Gobierno de Venezuela de que “no se cometieron crímenes de lesa humanidad […], ni siquiera superficialmente” y que “no se cumple el criterio de gravedad” porque “solo se registraron incidentes individuales y aislados de abuso policial” respaldan la conclusión de que las autoridades de hecho no están investigando y enjuiciando los presuntos delitos», dijo.
En noviembre de 2021 la Fiscalía de la CPI consideró tener una «base razonable» para creer que desde 2017 en Venezuela se cometieron «de manera sistemática y generalizada» crímenes de lesa humanidad castigados en el Estatuto de Roma, tales como detenciones ilegales y arbitrarias, torturas y malos tratos, violaciones y persecución por motivos políticos. Dichos crímenes dejaron miles de víctimas.
Khan consideró que lass autoridades en Venezuela no han logrado demostrar que se realizan investigaciones y se llevan a cabo juicios y procesos legales a los presuntos responsables de los hechos en el país.
«La Fiscalía sostiene respetuosamente que el Gobierno de Venezuela no ha satisfecho esta carga ya que la totalidad del material proporcionado no corrobora la existencia de investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía».
«Los patrones y políticas que subrayan los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad no están siendo investigados, los procesos internos se concentran exclusivamente en miembros de bajo rango de las fuerzas de seguridad del Estado (aparentemente autores materiales o directos), y una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto».
El Estatuto de Roma deja en claro que las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos no deben limitarse a los autores materiales, sino que han de incluir las presuntas responsabilidades en las que han podido incurrir altos mandos y superiores jerárquicos.
Sin embargo, en el caso venezolano esto no ha ocurrido hasta ahora, a pesar de que instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela recabó información que apunta a que altas autoridades ordenaron o permitieron la comisión de los crímenes constatados por la Fiscalía.
Si lo anterior no fuera suficiente, Khan denunció que los datos aportados por las autoridades no aportan información contrastable y verificable.
«La Fiscalía no puede evaluar adecuadamente si ha habido un cambio procesal relevante en los casos individuales porque la terminología empleada por el Gobierno de Venezuela para referirse a su estado es ambigua e inconsistente. Por ejemplo, el Gobierno emplea términos tales como casos que están siendo “enjuiciados” o procedimientos “instituidos” sin más especificación de la acción investigativa o procesal precisa que implican estos términos bajo la ley aplicable. En otros casos, los términos se usan indistintamente, aunque no necesariamente son sinónimos, como “acusación” y “cargos” o “condena” y “condenado”».
Asimismo, consideró que el número de casos abiertos no reflejan la gravedad de la situación; además denunció el perseguimiento político contra miembros de la oposición en constante por parte del régimen.
«La Fiscalía encontró que había una base razonable para creer que, al menos, miles de opositores percibidos o reales fueron arrestados y detenidos sin base legal; varios cientos fueron sometidos a actos de tortura; más de un centenar fueron objeto de diferentes formas de violencia sexual y de género, y que dichas víctimas también fueron perseguidas por motivos políticos».
Las autoridades han informado que tienen 893 investigaciones abiertas por hechos ocurridos desde 2017. No obstante, la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la CPI recibió más de 2.000 documentos y videos de presuntas víctimas y sus familiares.
Khan también defendió la actuación de su despacho y negó que haya incurrido en alguna violación al debido proceso, tal y como lo sostiene el Gobierno venezolano. Recordó que ha mantenido constante contacto con distintos funcionarios, lo cual «involucró extensas comunicaciones escritas y personales».
De la misma manera, explicó que su decisión de abrir una investigación sobre lo ocurrido en Venezuela no solo fue producto de la denuncia de un grupo de países que remitieron el caso en 2018, sino de un «extenso y exhaustivo» estudio de casi tres años y para el cual se revisaron cientos de informaciones y documentos remitidos por gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
La CPI denunció los intentos del régimen por desvirtuar la gravedad de los crímenes ocurridos en el país en los últimos años, al pretender rebajarlos a «casos aislados», los cuales no han rendido los frutos deseados; y, por el otro, ratifica la insuficiencia de las medidas adoptadas para investigar dichos hechos y, sobre todo, para evitar que se repitan.
Redacción Maduradas con información de La Patilla
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