Bloomberg reveló que el régimen de Nicolás Maduro habría “transferido” Agropatria, Lácteos Los Andes y otras empresas expropiadas a inversores privadas.
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La agencia de noticias señaló que el régimen les ofrece a estas empresas buenas ganancias a cambio de una parte de los ingresos o productos.
Decenas de plantas químicas, procesadoras de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidos -pero no vendidos- a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas, dijeron nueve personas con conocimiento del asunto.
Los gerentes cubren la nómina y las inversiones y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al régimen.
“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado”, dijo Ramón Lobo, legislador del gobernante partido socialista y exministro de Hacienda. “El estado actúa como supervisor y recibe una compensación”.
No está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación el año pasado de una ley “anti-bloqueo” que busca reducir el impacto de las sanciones de Estados Unidos y alentar la inversión. El régimen ahora permite que fluyan las remesas en dólares y que la empresa privada florezca en pequeños bolsillos.
“El gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje (…) Dejó de recaudar impuestos sobre ciertos negocios, otorgó licencias de importación y convenció a los oficiales militares y otros para que invirtieran dinero de origen desconocido en negocios locales”, dijo Rodrigo Agudo, director de la Red de Alimentos de Venezuela.
Los nuevos arreglos están afectando a grandes empresas y en su mayoría involucran a empresarios vinculados al gobierno, pero no exclusivamente. En algunos casos, las propiedades incautadas se remontan a aquellos a quienes se las arrebataron. En otros, los propietarios se niegan a participar.
La mayoría de los nuevos arreglos se encuentran en zonas rurales del país.
Agropatria, una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010 que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada.
Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana, aunque no se han realizado cambios oficiales en la junta.
Dos plantas de procesamiento de granos del gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en 2007, han sido transferidas pero no vendidas a empresas privadas locales. También lo son las plantas de leche y café construidas durante el boom petrolero de Venezuela y bajo acuerdos bilaterales con aliados regionales como Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina.
Las condiciones de las empresas varían. La principal contribución es un porcentaje de las ganancias o la producción al estado. En algunos casos, el gobierno y los gerentes de las empresas conjuntas están discutiendo una escala salarial mensual estandarizada de $ 60 a $ 80 para trabajadores y técnicos, agregaron algunas de las personas.
Algunos analistas señalan que lo que está sucediendo en Venezuela tiene precedentes en otros estados autoritarios de izquierda.
“Este proceso es similar al proceso de privatización en Rusia en que los activos se transfieren a empresas privadas locales ya inversores de países aliados al gobierno”, dijo Asdrúbal Oliveros, jefe de la consultora económica Ecoanalitica, hablando de los años noventa. “Pero a diferencia de Rusia, no ha habido un programa de estabilización profundo con la ayuda de organizaciones multilaterales. Estar aislado y bajo sanciones lo convierte en una situación diferente ”
Redacción Maduradas con información de Bloomberg
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