El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó una ley para «proteger» los activos en el exterior -parte manejados por la oposición-, pese a que la legislación venezolana no tiene validez en otros países, por lo que, según expertos, dará pie a la «persecución» de personas que residen en la Venezuela que hayan estado relacionadas directa o indirectamente con la gestión de esos bienes.
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La denominada Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero tiene por objeto «proteger» el patrimonio frente a cualquier «intento o acción de expolio» desde el extranjero, con o sin la participación de personas o entidades venezolanas.
Asimismo, indica que las disposiciones son aplicables en relación con los activos, derechos e intereses que pertenezcan a Venezuela o sus entidades, independientemente donde se encuentran ubicados.
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo a EFE que no hay una razón práctica para aprobar esta legislación, porque el Gobierno ya tomó acciones para defender aquellos activos «que consideran les han sido burlados».
«Ya ha habido acciones del Gobierno venezolano para recuperar esos bienes, y pretender que por la promulgación de una ley en Venezuela otros países van a cambiar su posición sobre este tema de los activos es algo ilusorio», indicó.
Asimismo, explicó que el reconocimiento o no a un Gobierno que mantienen esos países prevalece sobre el Poder Judicial.
«Porque se dicte una ley diciendo que ahora el Gobierno debe defender los activos, cosa que ha venido haciendo, no le da más instrumentos al Gobierno venezolano para mejorar su posición ante otras jurisdicciones», apuntó.
El diputado oficialista Diosdado Cabello, promotor de esta ley, explicó que el tiene como «objeto fundamental» la «recuperación» de los bienes del país en terceras naciones, e impedir que estén bloqueados o gestionados por políticos venezolanos ajenos al Ejecutivo.
Además, dijo que esta ley se complementará con la recién aprobada de Extinción de Dominio, que busca recuperar bienes y recursos del país vinculados a casos de corrupción.
La norma establece que toda persona que, usurpando o atribuyéndose la representación del Estado venezolano contraviniendo la Constitución y las leyes, participe en actuaciones, negociaciones sobre cualquier activo o interés del país, será sancionado penalmente como establece la Ley contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada.
Los profesionales del derecho y otras profesiones que participen directa o indirectamente en estos actos también serán objeto de penas.
TEMOR A LA PERSECUCIÓN
Daniels considera necesario que todas aquellas personas -sean opositores o del Ejecutivo- que manejen activos o recursos del país rindan cuentas para determinar si las denuncias sobre presunta corrupción son reales.
El ejemplo más destacado entre los antichavistas es el de Juan Guaidó, quien gestionó bienes venezolanos en países donde fue reconocido como presidente interino entre enero 2019 y finales de 2022.
El pasado 23 de enero, el opositor aseguró, durante su rendición de cuentas, que el gasto total durante el interinato fue de 150 millones de dólares, de los que -subrayó- la mayor parte fue destinada a bonificaciones a trabajadores sanitarios durante la pandemia, en 2020, y a «ayuda social», en el año 2021.
Sin embargo, no detalló la cantidad de dinero destinado a sus propios gastos o a pagar los salarios de los miembros de su equipo, entre los que se contaban ministros, representantes diplomáticos, jefes de comunicación, asistentes, cargos de instituciones paralelas o enviados especiales a diversos países.
Tampoco precisó a cuánto ascienden los activos que estuvieron bajo su gestión, o qué personas estaban directamente implicadas en el manejo de los mismos.
Para Daniels, lo «peligroso» de esta ley está en no definir qué es participación directa o indirecta en la administración, negociación, o actos administrativos sobre los activos en el exterior.
«Hablar en estos términos tan grises, sin unas definiciones claras, da pie a que personas que actuaron de una manera absolutamente inocente en esta situación de manejo de activos en el exterior puedan ser objeto, no solamente de una persecución que conlleve a la pérdida de su libertad, sino incluso a la pérdida de sus bienes», apostilló.
A su juicio, esto hace que la «persecución» se amplíe e incluso afecte a los familiares de los señalados.
«El problema es que en Venezuela no hay presunción de inocencia, no hay jueces imparciales e independientes (…) una vez que desde el Poder Judicial dicen ‘a esta persona hay que perseguirla’, lamentablemente, la presunción de inocencia se pierde y la condena es prácticamente segura», añadió.
Redacción Maduradas con información de EFE
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