Héctor Orochena, reconocido consultor y auditor tributario, se posicionó en contra de una reciente medida que regula el servicio de entregas a domicilio en Venezuela. Argumentó que la solicitud de una concesión postal para la distribución de productos y paquetes a través de un servicio de entrega o delivery es inconstitucional.
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La medida, oficializada en la Gaceta Oficial 42.813 con fecha del 5 de febrero, fija un importe del 1% sobre todas las encomiendas que se comercialicen a través de aplicaciones digitales. Esta método de venta ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos cinco años en el país.
Orochena sostiene que “un presidente de un organismo público no puede, mediante una providencia administrativa, crear nuevos impuestos”. Sus afirmaciones se basan en el artículo 317 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los impuestos, tasas y contribuciones deben estar contemplados en la ley y no pueden tener efecto confiscatorio.
El experto tributario advierte que si esta práctica fuera posible, cualquier organismo público podría repetir este tipo de decisiones tributarias. Además, señala que la medida presenta otras irregularidades, como el uso del petro, una criptomoneda derogada en diciembre por el régimen de Nicolás Maduro, como unidad de cuenta para calcular el costo del trámite. También existe poca claridad sobre el organismo al que se le abonará el 1% recaudado.
Redacción Maduradas con información de El Pitazo.
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