La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro declaró procedente la solicitud de extradición a las autoridades de Italia, formulada contra Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, según la sentencia N° 55, redactada por el magistrado Juan Luis Ibarra.
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“El requerido no será condenado a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a 30 años, a cuyo efecto, de ser el caso, se tomará en cuenta el tiempo que pueda estar detenido en la República Italiana, con motivo del presente procedimiento de extradición”, señala el fallo.
La investigación contra Ramírez comenzó el 8 de junio de 2017 por parte de la Fiscalía 12° Nacional contra la Corrupción, en virtud de la existencia de presuntas irregularidades ocurridas en el contrato N° 4600036377, suscrito entre la empresa Pdvsa Servicios y la sociedad mercantil Petrosaudí, consistente en la perforación y extracción de gas en el marco del proyecto Mariscal Sucre.
El Ministerio Público explicó en su investigación que el mencionado contrato se estableció con una duración de 7 años, por una tarifa diaria de 460.888 dólares que tendría que cancelar Pdvsa Servicios, solamente por la tenencia del buque, es decir, manteniendo el buque estacionado sin trabajar, lo que a lo largo de los siete años, alcanzaría un total de 1.175.300.000 dólares.
La institución concluyó que, en comparación con el monto total de la contratación por la operatividad del barco, que fue de 1.302.645.907 dólares, resultaba poco beneficioso para Pdvsa, ya que la diferencia era mínima, aunado a eso, el monto de la tarifa aumentaba 3% por cada año que avanzaba el contrato.
En razón de esa investigación, el 16 de agosto de 2018, el Tribunal 10° de Control de Caracas dictó orden de aprehensión contra Ramírez y ordenó a Interpol expedir la notificación roja internacional. Ese mismo día, el Ministerio Público solicitó al Tribunal 10° iniciar el proceso de extradición de Ramírez, quien para la fecha se encontraba en España.
Un año después, concretamente el 6 de noviembre de 2019, el fiscal provisorio 67° con competencia en materia contra la corrupción, solicitó al Tribunal 10° iniciar un nuevo procedimiento de extradición activa de Ramírez “en razón de que se tenía conocimiento que dicho ciudadano se encontraba actualmente en territorio extranjero, específicamente del territorio de la república italiana”.
El proceso penal contra Ramírez se encuentra en fase preparatoria y resulta necesaria su comparecencia para ser “impuesto de los hechos y de los elementos de convicción”, dicen los magistrados en la sentencia.
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Redacción Maduradas con información del diario La Voz
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