Acusado por la oposición de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es el poderoso árbitro en el conflicto político que sacude a Venezuela y que tendrá la última palabra en los eventuales intentos por sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, así reseña la agencia AFP.
Foto: rnv.gob.ve
Conformado por 32 magistrados, el TSJ hizo sentir su poder el pasado jueves al desconocer la decisión del parlamento -de mayoría opositora- que rechazó un decreto de emergencia dictado por Maduro frente a la grave crisis económica.
El fallo fue emitido por la Sala Constitucional, la más poderosa de las seis en que está dividido el TSJ, 13 de cuyos jueces titulares fueron nombrados por la anterior mayoría oficialista en la Asamblea horas antes de finalizar su período en diciembre pasado.
“La Sala Constitucional ratificó que está por encima de la Asamblea y todo lo que diga la Asamblea va a pasar por este filtro, sin subordinación a ningún otro poder”, dijo a la AFP el jurista José Ignacio Hernández.
Ante los planes de la oposición de anticipar la salida del poder de Maduro (elegido para el período 2013-2019) a través de un referendo revocatorio o una enmienda constitucional, esa instancia también tendrá la última palabra.
En el primer escenario, aunque su convocatoria no depende del parlamento, el revocatorio podría terminar en el TSJ si se impugnan las firmas o el resultado por denuncias de fraude. Los recursos irían a la Sala Electoral y, de ser el caso, a la Constitucional.
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Amnistía, el otro pulso
La enmienda, que apunta a recortar el mandato de Maduro a cuatro años, también rebotaría en la Sala Constitucional, que podría anularla o interpretarla para eliminar sus efectos.
“Todos esos caminos pueden ser torpedeados por la Sala en un ejercicio abusivo de sus competencias”, advierte Hernández.
Otro de los casos que podría dirimir el TSJ es el proyecto de ley de amnistía para “presos políticos”, que la oposición pretende aprobar la próxima semana en primer debate, para luego avalarla en segunda discusión y enviarla al presidente para que la sancione. Pero Maduro, que rechaza esa iniciativa, puede someterla a consultas de la Sala Constitucional.
Con el parlamento bajo control opositor por primera vez en 17 años de gobierno chavista, el TSJ ganó un primer pulso al obligar a la mayoría opositora a desvincular, el 13 de enero, a tres de sus diputados cuya elección impugnó el oficialismo por supuesto fraude.
Aun así, la oposición mantuvo un amplio dominio de la cámara con 109 diputados, frente a 54 del chavismo.
Según Hernández, la Sala Constitucional está en capacidad de “anular y modificar” leyes; sus interpretaciones incluso han cambiado contenidos de la Constitución, y en una oportunidad nombró rectores del poder electoral, una facultad del Legislativo.
Aunque la Asamblea está facultada para remover a los magistrados del TSJ, las causales deben ser calificadas por el Poder Ciudadano, conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría, que según la oposición también se encuentran regidos por el chavismo.