Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, pidió este viernes 1 de julio que la justicia internacional investigue la presunta participación del régimen de Nicolás Maduro en la explotación ilegal de oro en Venezuela.
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«La justicia internacional debe investigar la participación del régimen en la explotación de la minería ilegal en Venezuela», instó Almagro en su cuenta de Twitter luego de que la organización SOS Orinoco denunció el asesinato de Virgilio Trujillo Arana, de 38 años y miembro del pueblo indígena Uwottuja.
Trujillo Arana denunciaba la minería ilegal y presencia de grupos armados irregulares en Venezuela. Falleció por heridas de bala el jueves en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (fronterizo con Brasil y Colombia), según esos reportes.
«Nuestra solidaridad con la familia de Uwottujja V. Trujillo y los guardianes territoriales del Sipapo. Los responsables del crimen deben ser llevados ante la justicia», manifestó Almagro.
El Observatorio para la Defensa de la Vida, que integra a organizaciones promotoras de derechos humanos de Venezuela, Colombia y Perú, expresó en un comunicado «gran preocupación» por el crimen y subrayó que Trujillo Arana luchaba por «mantener su territorio libre de la extracción de minerales y de la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana que operan en la zona».
Odevida documentó entre 2013 y 2021 el asesinato de 32 líderes indígenas y activistas ambientales en Venezuela, 21 víctimas de «sicarios mineros» y 11 a manos de «efectivos» militares.
«Las autoridades ya iniciaron las investigaciones y hasta el momento no han informado de un móvil», publicó por su parte en su cuenta de Twitter la ONG defensora de derechos indígenas Kape Kape.
Trujillo Arana, según esta organización, recibió dos disparos en un barrio de Puerto Ayacucho, mientras que otras versiones de prensa indican que habrían sido tres los tiros, «todos en la cabeza».
Odevida exigió «garantizar una pronta y eficaz investigación y reparación, sancionando a los responsables de este asesinato que conmueve a la familia de la víctima y de las comunidades indígenas afectadas por la violencia de actores no estatales que campea en sus territorios ancestrales».
Pidió, igualmente, cumplir un decreto vigente desde el año 1989 que «establece la prohibición de toda actividad minera en el estado Amazonas».
El estado Bolívar ha sido en los últimos años escenario de violencia vinculada con mafias de minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, extensa región del sur de Venezuela rica en oro y otros minerales como hierro o coltán.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha alertado sobre la situación en el área, que ha dejado más de 150 muertos desde 2016.
Varias organizaciones denuncian además la operación en zonas fronterizas de disidentes de la disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y combatientes del Ejército de Liberación Nacional, además de grupos criminales armados.
Redacción Maduradas con información de AFP
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