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¿ALÓ, TAREK? Familiares de Miguel Castillo, asesinado en las protestas de 2017, exigen justicia (piden que cadenas de mando asuman responsabilidad)

Familiares de Miguel Castillo, joven asesinado en una protesta antigubernamental en 2017, exigieron justicia y solicitaron que las cadenas de mando asuman la responsabilidad de su muerte.

Captura de pantalla / Archivo

«Esta es fecha, a cuatro años del asesinato de Miguel, que yo no tengo justicia (…) Yo exijo justicia para Miguel y que se aclare quién asesinó a Miguel Fernando. Que la cadena de mando asuma su responsabilidad», dijo Carmen Bracho, madre del joven asesinado a TVV.

Bracho, asimismo, indicó que Tarek William Saab, fiscal general del régimen, le está mintiendo al país y afirmó que no está «haciendo justicia».

«¿Cómo usted señor Fiscal va a decir que se está haciendo justicia cuando en el caso de mi hijo ni siquiera un expediente me han entregado? No he tenido ni siquiera la oportunidad de tener el expediente para poder yo seguir mis acciones. Entonces no mienta, no le mienta al país. No estás haciendo justicia, no puedes seguir mintiendo y diciendo que se está haciendo justicia cuando en el caso de Juan Pernalete estás acusando a 12 guardias nacionales y la verdad es que no está haciendo nada», aseguró.

La hermana de Miguel Castillo, Luisa, también manifestó que después de cuatro años siguen sin darles respuesta sobre quién lo asesinó y dijo que no era justo que su familia pase por esto.

«Hoy, a cuatro años de su asesinato, nosotros seguimos sin respuesta. El caso de mi hermano sigue en fase de investigación. No nos dan respuesta, no nos dicen absolutamente nada acerca de quién asesinó a mi hermano. Ya basta. No es justo que nosotros como familiares pasemos por esto. Tenemos cuatro años, cuatro años luchando», explicó.

Estas declaraciones se dan luego que el sábado 1 de mayo, Saab confirmara que Juan Pablo Pernalete falleció producto de un impacto de bomba lacrimógena y no por una pistola de perno, y que por ello hay 12 funcionarios imputados.

Además, sumó los delitos de «homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga» al de «quebrantamiento de normas de custodia» a los dos funcionarios implicados en la muerte del concejal Fernando Albán, quien falleció en prisión en 2018, al caer del décimo piso de el edificio del Sebin.

El régimen afirmó que el opositor «se suicidó», una versión que también fue ofrecida en primera instancia por la Fiscalía.

La oposición venezolana aseguró, el lunes 3 de mayo, que la Fiscalía está «pretendiendo eludir la competencia» de la Corte Penal Internacional (CPI) al ordenar ampliar las investigaciones de los homicidios del concejal Fernando Albán, el manifestante Juan Pablo Pernalete y el militar Rafael Acosta Arévalo.

«¿Por qué hemos visto que el señor que representa al régimen, el abogado del régimen, Tarek William Saab emitir las declaraciones (sobre Albán, Pernalete y Acosta Arévalo)? Por una sola razón, no es porque se arrepintieron, no es porque quieren que se haga justicia, están pretendiendo eludir la competencia de la CPI», dijo la exdiputada Delsa Solórzano.

«(Saab) está tratando de evadir la competencia de la CPI haciéndole creer, falsamente, que en Venezuela se está enjuiciando a los responsables de las violaciones de derechos humanos», agregó.

Redacción Maduradas

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