El dirigente obrero Rodney Antonio Álvarez Rodríguez quien se encuentra preso en el Internado Judicial El Rodeo II, ubicado en Guatire (Miranda), se declaró en rebeldía.
Infobae.
Álvarez, quien era trabajador de Ferrominera, lleva ocho años detenido, y decidió alzarse porque se considera un «prisionero político» que no debe «seguir el juego» a sus captores.
«Me declaro en rebeldía, que he entendido que al reo que persigue este régimen es a la clase obrera, soy prisionero político, ya no le seguiré el juego a mis captores, no asistiré más a los tribunales, al palacio de la injusticia, ya no le seguiré el juego a la jueza Paolette Guevara ni al secretario del tribunal», manifestó.
Explicó que ha sido recluido en varias cárceles del país, lejos de su familia y de sus compañeros de trabajo.
«Mi caso no reviste carácter penal. Como ciudadano tengo el derecho de demostrar mi inocencia, según lo que rezan las leyes burguesas del estado capitalista venezolano», destacó.
Rodney fue detenido luego de que emprendiera una lucha por la defensa de los trabajadores de la empresa estatal Ferrominera, en el estado Bolívar. Fue despedido de la empresa, le suspendieron sus pagos y otros beneficios de los que gozaban sus tres hijos.
Estando encerrado ha sufrido tres atentados contra su vida, reseñó la periodista Sebastiana Barráez en un artículo publicado por Infobae.
«Hoy, producto de esto, me encuentro lisiado de mi mano derecha, sin que el estado que se jacta de que la cárcel del rodeo II es una cárcel modelo, no me ha garantizado ni seguridad y menos la atención médica«.
Además detalló que durante estos ocho años se han realizado pocas audiencias en el Tibunal 12 de Juicio, allí han podido declarar sus testigos y expertos, lo que ha dejado claro que no cuentan con elementos incriminatorios.
El caso comenzó el 9 de junio 2011, cuando se llevaba a cabo una asamblea de trabajadores de Ferrominera del Orinoco, donde se pretendía elegir la comisión electoral del sindicato, allí asesinaron a tiros al obrero Renny Rojas. Poe este hecho señalaron a un directivo sindical y militante del PSUV.
Sin embargo, acusaron a Álvarez. Con apoyo de fiscales y abogados que, asegura, eran financiados por el exgobernador del estado Bolívar, Carlos Rangel Gómez.
«Los abogados desistieron porque la gobernación ya nos les pagaba, manteniéndose como acusador únicamente el representante del ministerio público, quien no ha asistido a las últimas tres audiencias», contó.
Indicó que el proceso ha sido reiniciado ocho veces, e incluso los testigos claves para el caso han sido encarcelados.
Redacción Maduradas con información de Infobae.
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