La organización de defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, denunció este jueves 28 de septiembre que Chile incumple sus obligaciones bajo el derecho internacional de proteger a quienes huyen de Venezuela en pro de resguardar su vida, integridad y derechos humanos y le pide eliminar requisitos que complican el acceso al estatus de refugiado a los venezolanos.
Fernando Vergara / AP
En un informe publicado este jueves, la prestigiosa organización internacional denuncia, asimismo, “falta de voluntad política” por parte de las autoridades chilenas para una obligación que igualmente incumplen Ecuador, Colombia y Perú, los otros tres países que albergan la mayor parte de los 7.3 millones de venezolanos que han abandonado su país.
De acuerdo con AI, el estudio demuestra que, en muchos casos, estos cuatro Estados “no son suficientemente accesibles debido a que imponen criterios imposibles de cumplir para las personas venezolanas con necesidad de protección, tales como costos, documentos, o limitaciones de fecha o forma de entrada. Además, en ocasiones no garantizan el acceso a todos los derechos humanos”.
Según datos de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), en Chile residen casi medio millón de venezolanos (que suponen el 30 % población extranjera en el país), entre ellas 9.372 personas que solicitaron asilo entre 2016 y 2022, de las que solo 30 lo consiguieron.
“La organización reitera su preocupación por la grave desprotección en la que se encuentran las personas venezolanas en Chile, al no poder hacer efectivo su derecho de solicitar asilo y sin poder acceder a los derechos que les son reconocidos al encontrarse en situación migratoria irregular”, señala.
“La falta de voluntad política de las autoridades chilenas para atender a estas personas con necesidad de protección internacional no solo incumple obligaciones internacionales suscritas por Chile, sino que agrava la desprotección de la población venezolana y les priva de acceder a derechos y servicios básicos como la salud, educación y derechos a trabajar”, expone AI en el informe.
Redacción Maduradas con información de Amnistía Internacional
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