«Los crímenes de lesa humanidad en Venezuela tienen un modus operandi», así lo señaló este martes 26 de septiembre el diputado de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 Franco Casella, en alusión al cuarto informe de la Misión Independiente de la organización de las Naciones Unidas (ONU) de Determinación de los hechos sobre el país.
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«La fuerza de seguridad del Estado, con las acciones y omisiones de las autoridades del Estado, tanto de los cuerpos de seguridad, así como otros entes públicos, tales como la Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República y Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), contribuyeron a la grave restricción del espacio cívico y democrático del País», sostuvo, de acuerdo lo reseñado en el portal web de noticias La Patilla.
«Que sepa el mundo entero de que el régimen de Nicolás Maduro, sistemáticamente como política de Estado, ha violado los derechos humanos y cometido crímenes de lesa humanidad», enfatizó.
INFORME DE LA ONU
Las violaciones a los derechos humanos no han cesado en Venezuela, así lo señaló la Misión de Determinación de Hechos de la ONU durante la presentación de su cuarto informe sobre el país la semana pasada.
«Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos», alertó el pasado 20 de septiembre Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Desde Ginebra apuntó que las arremetidas contra los derechos fundamentales se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de DDHH.
Aseveró que los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace más crucial la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos.
Asimismo, agregó que las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura, han sido utilizados por el Estado de silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal.
Precisó que evaluación que abarcó el período entre enero de 2020 y agosto de 2023. Durante este período, la misión encontró pruebas alarmantes de abusos contra los derechos humanos en Venezuela. Esto incluye “al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, y 58 detenciones arbitrarias”.
Además, se documentaron 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos, de los cuales 19 involucraban violencia sexual y de género contra hombres y mujeres.
Redacción Maduradas con información de La Patilla
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