Este jueves 15 de agosto, la Asamblea Nacional, dirigida por el gobierno chavista, aprobó de manera unánime la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, la cual establece la disolución judicial de estas organizaciones si violan las normas establecidas.
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En el transcurso de la reunión, el Congreso decidió incluir en el documento la prohibición de que las organizaciones no gubernamentales reciban donaciones para financiar el «terrorismo», a petición del diputado chavista Diosdado Cabello, ya que según él, existen entidades que reciben fondos y luego organizan «guarimbas» (protestas violentas).
«Estas ONG reciben fondos y las vemos financiando guarimbas, financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad», explicó el funcionario.
Según la nueva legislación, las organizaciones no gubernamentales no están autorizadas a recibir financiamiento de organizaciones políticas, ni a fomentar el «fascismo, la intolerancia o el odio».
Además, establece como razones para la disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, que han sido declaradas por un tribunal, y la falta de pago de cualquier multa impuesta «de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles«.
Según el texto, los tribunales de primera instancia en materia civil tendrán la autoridad para decidir la «disolución de una organización social sin fines de lucro«, que «deberá garantizarse el derecho a la defensa y el debido proceso».
Las ONG deberán, por ley, notificar «el financiamiento o donaciones» que reciban, a fin de «asegurar la licitud de los fondos», además de declarar las «donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes».
En la legislación actual, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de supervisar y vigilar el cumplimiento de los deberes y prohibiciones establecidos, lo que incluye la implementación y evaluación de mecanismos para lograr estos objetivos, entre otras medidas.
La Asamblea Nacional volvió a debatir esta ley tres meses después de su debate anterior en mayo, a pesar de las advertencias de varias organizaciones no gubernamentales que advierten de una «supresión del espacio cívico y del derecho de asociación«.
Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, solicitó al Gobierno de Venezuela que rechace tanto este proyecto de ley como un proyecto de ley para regular las redes sociales, debido a los efectos perjudiciales que podrían tener en los derechos humanos y la democracia en general.
Redacción Maduradas con información de EFE