En la parroquia Macarao, específicamente en el urbanismo Nuevo Barrio Macarao, municipio Libertador, la angustia dominó entre los residentes del bloque Naiguatá por la toma ilegal de 22 apartamentos de ese edificio.
El 16 de octubre, fecha en la cual el gobierno, de la mano de Ernesto Villegas, adjudicó la torre, informaron sobre la entrega de un total de 78 apartamentos, pero los vecinos aseguran que no todos fueron entregados debidamente, por lo que al menos 25 familias sin techo, oriundas de la parroquia, decidieron ocuparlos sin autorización.
El hecho ha generado zozobra, pues los residentes han tenido que lidiar con el acecho de la Policía de Caracas y de funcionarios de la Guardia Nacional, quienes han acudido al lugar en reiteradas ocasiones para desalojar a los tomistas, sin lograrlo aún, reseña EU.
«La idea es vivir tranquilos. No queremos que el edificio se convierta en sitio de conflicto. La gente tiene que entrar a vivir aquí legalmente. No aceptamos esto«, relató una adjudicataria que pidió no ser identificada por temor a represalias.
Quienes ingresaron sin adjudicación se reconocen invasores, aunque, denuncian amenazas de parte de los cuerpos policiales del Estado. Willy José Farías, vocero de los ocupantes, señaló que denunciaron agresiones de los efectivos ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. «Violentaron las cerraduras y rejas de los apartamentos y amenazaron con arma en mano a una de las ocupantes», contó Farías.
Zuhail Colmenares, madre de familia, considera que sus tres hijos son razones suficientes para permanecer en el lugar de manera legítima, por lo que formula un llamado a las autoridades para que le otorguen la vivienda de manera formal. Señala que crearán una organización para defender esos espacios.
La situación que se presenta en el bloque 22 no es un hecho aislado en el Nuevo Barrio Macarao. Mariana Torrealba y Javier Pimentel, residentes del inmueble 18, enfatizaron que la coyuntura se repite cada vez que inauguran una nueva obra.
«Quedan por lo menos tres edificios por culminar y el mayor problema es que los invadan antes de que los terminen de construir. Mientras eso pasa, no hay nadie que se haga responsable de la ventas ilegales de las casas», dijo Torrealba.