Una investigación de la agencia Reuters afirmó que efectivos de la Dirección General De Contrainteligencia Militar (Dgcim) estuvo espiando por un año a los seis ejecutivos de Citgo mientras vivían en Estados Unidos.
Jorge Arreaza
El espionaje consistió en intervenciones telefónicas y otros mecanismos no especificados, una actividad que trascendió las fronteras venezolanas y que violó la legislación norteamericana.
“Los servicios de inteligencia venezolanos monitorearon a seis ejecutivos estadounidenses de la refinería estatal Citgo Petroleum durante un año en suelo estadounidense, para determinar su participación en un acuerdo que el gobierno consideró fraudulento, que llevó a su arresto en Caracas en 2017 por cargos de corrupción, de acuerdo con el testimonio de la corte”, señaló Reuters.
Los ejecutivos, a quienes se les denomina como los seis de Citgo, fueron condenados por un tribunal venezolano en noviembre a entre 8 y 13 años de prisión. Se les acusa de corrupción.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha rechazado reiteradamente tanto la detención como las acusaciones contra los ejecutivos, por considerar que se trata de un procedimiento de persecución de parte del régimen.
Cinco de los hombres son ciudadanos estadounidenses naturalizados.
Documentos del juicio
“Los documentos del juicio revisados por Reuters incluyen el testimonio proporcionado por un alto funcionario militar venezolano, Ramón Balza, sobre el monitoreo. El testimonio no ha sido reportado previamente”, explicó Reuters.
Balza se desempeñaba en 2017 como director de operaciones de la Dgcim.
Él indicó, según el documento que el cuerpo de inteligencia del régimen envió la información recopilada concerniente a los ejecutivos al fiscal madurista Tarek William Saab, cuya oficina la utilizó para abrir una investigación criminal.
La agencia de noticias intento obtener declaraciones tanto de Balza como de Saab y la Dgcim, sin obtener respuestas.
Detalles del testimonio de Balza
“Desde que esa empresa (Citgo) se convirtió en venezolana, la empresa y los miembros de su directorio han sido monitoreados por los servicios de inteligencia de este país”, dijo Balza en su testimonio del 11 de agosto en un tribunal de apelaciones de Caracas.
Además, el exdirector de la Dgcim firmó un informe de investigación criminal que se incorporó como prueba en el juicio.
“El documento indicaba que los seis hombres firmaron un contrato de refinanciamiento de Citgo en julio de 2017 que, según los fiscales, era desfavorable para los intereses de Venezuela”, se lee en el reportaje.
Y agrega que cuando un abogado defensor de uno de los ejecutivos le preguntó cómo obtuvo la información, Balza dijo que los servicios de inteligencia tenían “telefonía y cosas que siguen a estas personas”, sin proporcionar detalles específicos.
“Así es como funcionan las agencias de inteligencia. Todo el mundo lo sabe y todos los países lo hacen”, dijo Balza.
Posible violación de leyes estadounidenses de servicios de inteligencia
En diciembre pasado, Estados Unidos impuso sanciones al juez y al fiscal en el caso Citgo, con el argumento de que el régimen negó el acceso a los juicios a los medios y grupos de derechos humanos.
Benjamin Gedan, subdirector del programa de América Latina del Wilson Center y exdirector de América del Sur en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que cualquier violación de las leyes estadounidenses por parte de los servicios de inteligencia venezolanos podría brindar una oportunidad para que Washington tome medidas enérgicas, contra el madurismo.
“Si están violando las leyes estadounidenses, entonces corren el riesgo de ser procesados y siempre estamos buscando excusas para investigar a los miembros de este régimen”, dijo Gedan.
La ley federal de Estados Unidos prohíbe las escuchas telefónicas sin una orden judicial y requiere que cualquier agente extranjero no diplomático se registre en el Departamento de Justicia, según Steven Cash, abogado del bufete de abogados Day Pitney y exfiscal.
“Si estuvieran interceptando y escuchando teléfonos en los Estados Unidos, eso sería un crimen”, dijo Cash.
No obstante, Reuters acotó que aún no está claro si los servicios de inteligencia venezolanos violaron la legislación estadounidense. Y el Departamento de Justicia se negó a contestar si esta acción de la Dgcim desencadenará una acción.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos también recopilan rutinariamente “inteligencia humana” sobre países donde Estados Unidos tiene intereses estratégicos, dijeron cuatro exoficiales de la CIA a en una historia de 2019 a Reuters.
Defensa de los seis de Citgo
Los documentos del juicio muestran también que los abogados defensores dijeron repetidamente que la fiscalía no presentó evidencia que vincule a los ejecutivos de Citgo con la transacción de refinanciamiento, de la que les acusan a José Pereira, José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell y Gustavo Cárdenas
“Una vez que escuchamos Balza confesó lo que hicieron, solicitamos la nulidad del juicio y una investigación penal contra los responsables”, dijo un abogado defensor de Vadell en un comunicado.
En el comunicado se refirió tanto al seguimiento de los servicios de inteligencia, como al testimonio de Balza de que los ejecutivos fueron arrestados antes de que un tribunal emitiera una orden judicial.
Moneda política
Los analistas y funcionarios estadounidenses ven a los ejecutivos como una “moneda de cambio” potencial para que Venezuela obtenga concesiones de Estados Unidos., señaló Reuters al recordar que el mes pasado, Maduro alegó que los hombres eran agentes de la CIA.
En dicha ocasión, Maduro no proporcionó pruebas y excluyó la posibilidad de su liberación como una concesión a la administración del presidente Joe Biden.
“La última acusación de Maduro no es más que un intento insensible de aprovechar la vida de los ciudadanos estadounidenses como moneda política”, dijo en ese momento un portavoz del Departamento de Estado.
Testimonios divergentes
En el testimonio, Balza y Rafael Franco, quien en 2017 se desempeñó como director especial de investigaciones criminales de la Dgcim, dijeron que el organismo detuvo a los ejecutivos por orden de los fiscales, aunque la Dgcim no estaba en posesión física de una orden.
“Sin embargo, Balza y Franco dieron testimonios divergentes sobre la cuestión crucial de si un juez había aprobado una orden judicial antes de que los hombres fueran arrestados, sin la cual las detenciones habrían sido potencialmente ilegales”, dice el reportaje.
Balza testificó que los fiscales solicitaron una orden de arresto de un juez después de que el grupo fue detenido. Mientras tanto, Franco testificó que el fiscal que le ordenó detener a los hombres dijo que un juez ya había emitido una orden de arresto, aunque la Dgcim aún no la había recibido.
Franco era el funcionario de la Dgcim responsable de comunicarse con el sistema judicial, pero no hizo las detenciones él mismo.
Medida preventiva
Además, en su testimonio, Balza dijo que la Dgcim creía que los seis hombres volarían fuera de Venezuela esa tarde y que por ello los detuvieron como medida preventiva.
“Lo que hicimos fue detenerlos de manera preventiva, sin que se elevara al nivel de detención ilegal”, dijo Balza.
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