Este martes 21 de marzo, la fiscalía de Múnich informó que archivó la investigación contra el difunto papa Benedicto XVI, por su posible complicidad en abusos cometidos en el arzobispado de Múnich y Freising al no existir pruebas suficientes.

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La información fue dada a conocer por el fiscal jefe, Hans Kornprobst, indicando que las investigaciones no revelaron “sospechas suficientes» de «actuación delictiva» por parte de los responsables de personal al referirse en concreto a Joseph Ratzinger, arzobispo de Múnich y Freising entre 1977 y 1982, su sucesor, el cardenal Friedrich Wetter, y el entonces vicario general, Gerhard Gruber.
Además el fiscal indicó que los abusos ocurrieron hace mucho tiempo por lo tanto habían prescrito, acotando que la persecución penal quedaba descartada.
En sus investigaciones en base a un informe del bufete de abogados Westpfahl Spilker Wastl (WSW) encargado por la diócesis y presentado a principios de 2022, la fiscalía abordó sobre todo la cuestión de si responsables eclesiásticos de personal “podrían haber incurrido en una infracción penal”.
El fiscal subrayó al presentar sus conclusiones que “las barreras para un enjuiciamiento son muy altas”.
Así, al trasladar por ejemplo a un religioso sospechoso de abusos de una diócesis a otra, no basta con haber tomado una “decisión de personal cuestionable” por la que niños o jóvenes se puedan haber visto expuestos al peligro de convertirse en víctimas de un delito sexual.
Una posible complicidad sólo puede tenerse en consideración si realmente se produce tal nuevo delito debido a esta decisión de personal, es decir, si este delito podría haberse evitado con otra decisión, precisó.
El fiscal se mostró convencido de que “seguro que hubo una serie de decisiones cuestionables”.
“Pero la punibilidad por complicidad presupone, además, que se haya cometido realmente un nuevo delito y que éste además aún no haya prescrito, porque al prescribir el llamado delito principal prescribe también la complicidad”, resaltó.
Pero incluso de existir tal delito punible, la complicidad presupone, además, que para el responsable de personal era, al menos a grandes rasgos, “previsible”, y “este es quizás el mayor obstáculo” para establecer una responsabilidad penal, agregó.
Por otra parte, Kornprobst señaló que la mayoría de los hechos expuestos ya eran conocidos y de ellos “no se desprende ningún comportamiento penalmente relevante”.
En todo caso, son acusaciones o comportamientos que según las normas internas de la iglesia podrían ser sancionados o desaprobados en cuanto a “excesos”, pero “no constituyen un delito penal”, agregó.
El informe de WSW se centraba en los casos de 497 presuntas víctimas, ocurridos entre 1945 y 2019 y en el que estarían implicados 235 personas, entre ellos 173 sacerdotes y el resto docentes y otro tipo de personal de las instituciones.
La fiscalía analizó 45 de esos casos, correspondientes a personas aún vivas. En 39 de los cuales no se halló puntos de partida para una nueva investigación, indicó por su parte la fiscal Angela Michielsen.
Seis casos en los que autores de abusos habían seguido trabajando en la atención pastoral y había indicios de nuevos delitos aún no prescritos, se abrieron instrucciones preliminares por separado.
El difunto papa Benedicto XVI era sospechoso de complicidad en las decisiones de personal en dos de estos casos, Wetter y Gruber, en cinco, respectivamente, precisó.
En el caso del actual arzobispo, el cardenal Reinhard Marx, no se encontraron indicios de conducta penalmente relevante.
EFE
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