Tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, al menos 106 personas fueron detenidas por motivos políticas solo en el estado Apure. De acuerdo con un artículo escrito por Sebastiana Barráez y publicado en Infobae, casi inmediatamente después de las aprehensiones, trasladaron a 19 a las peligrosas cárceles de Tocuyito y Tocorón.
NAD.
Según lo referido por un representante de una ONG perseguida por el régimen venezolana, existe un «círculo corrupto» en la justicia venezolana, en el cual estarían involucrados jueces de Control, Fiscales del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y Ministerio del Servicio Penitenciario.
Además, se habría comprobado la complicidad de muchos otros funcionarios en el esquema de «sobornos, tortura, trato cruel, inhumano y degradante», hacia los privados de libertad arbitrariamente durante las protestas postelectorales.
Entre las muchas irregularidades registradas en torno a las aprehensiones, destaca el hecho de que todos los detenidos serían obligados a aceptar como defensora pública a Ana Karina Ramírez, quien sería pareja sentimental del subjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Los casos han sido distribuidos en los tribunales de control a cargo de los jueces: María Milagros González Díaz, José Antonio Méndez Laprea y Rosmery Torres.
Además, aparentemente, los detenidos son coaccionados a pagar una cuota en metálico, para no ser trasladados de una cárcel a otra. Estos «arreglos económicos» se llevarían a cabo con el conocimiento de sus autoridades, quienes no han tomado acciones para frenar estas acciones.
«Esos cobros están liderizados por la Juez de Control María Milagros González Díaz, y el Juez Antonio Franco», indicó la fuente.
Según han referido familiares de varias víctimas, los funcionarios piden cifras que van de $700 hasta $5,000 para evitar que los envíen a las cárceles de Tocuyito y Tocorón.
«Depende de la situación económica del detenido: quienes no pagaron completo o no. Pudieron pagar fueron trasladados lejos de Apure. A otros, con más recursos, los han obligado a pagar con dinero, con vacas, con búfalos, con motocicletas, con terrenos, en fin, los han extorsionado», afirman las fuentes.
De hecho, Infobae alertó sobre el caso de un detenido, identificado como Rubén Díaz, quien sería gerente de la estación de gasolina El Cotayo, en el municipio Pedro Camejo. El aludido, aparentemente, tenía diferencias con Drenier Mendoza, alias El Mentol. Díaz fue detenido, criminalizado por las protestas postelectorales y procesado por terrorismo.
Al parecer, Díaz habría desembolsado $15,000 porque lo amenazaron con trasladarlo a Tocorón. Por los momentos, sigue detenido en San Fernando de Apure.
Redacción Maduradas con información de Infobae
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