Durante sus 14 años en el poder, el carismático Hugo Chávez acosaba a sus adversarios con agresiones, intimidaciones y, de vez en cuando, encarcelando opositores. Pero su sucesor, el presidente Nicolás Maduro, ha adoptado medidas más severas —y según muchos, violentas— para combatir el disenso durante las últimas 10 semanas de agitación causada por un movimiento de protesta.
El presidente desplegó tropas de la Guardia Nacional y agentes de inteligencia, reforzados por personal en vehículos blindados y bandas de motociclistas paramilitares, quienes golpearon a los manifestantes y en ocasiones les dispararon, según testigos, supuestas víctimas y grupos de derechos humanos venezolanos y extranjeros.
«Día tras día, hay más represión, hay más brutalidad, más furia«, dijo Alfredo Romero, director del grupo Foro Penal, con sede en Caracas, cuyos 100 abogados representan a personas que afirman fueron víctimas de los ataques del gobierno. «Creo que hay órdenes de reprimir y atacar a los manifestantes«.
Las acusaciones salieron a la luz mientras el gobierno de Maduro y líderes opositores se reunía el martes por segundo día para resolver una crisis que ha causado unas 40 muertes y cientos de heridos y arrestos.
Llamadas y mensajes de email para obtener comentarios de los Ministerios de Interior y Justicia, la Guardia Nacional y el Ministerio de Comunicaciones no fueron respondidos. Un vocero de la fiscal general Luisa Ortega Díaz no facilitó una entrevista con la funcionaria sino que hizo referencia a sus comentarios públicos.
«Una de las grandes mentiras que ha habido aquí es que el Estado venezolano es violador de los derechos humanos. Eso no es cierto.», dijo Ortega Díaz recientemente en un programa favorable al gobierno.
Hubo muertes de ambos lados, incluidos seis guardias cuyas muertes son atribuidas por el gobierno a fuerzas anti gubernamentales. Pero supuestas víctimas y grupos de derechos humanos sostienen que la mayoría de las víctimas han sido oponentes al gobierno que recibieron disparos de agentes de inteligencia o de la Guardia Nacional, que se desempeña como una fuerza de seguridad interna.
La familia de José Alejandro Márquez Fagundez, un ingeniero en sistemas de 45 años, afirmó que guardias lo persiguieron y detuvieron luego de haberlo visto sacando fotos durante una protesta fuera de su apartamento en Caracas. La escena fue captada en un video muy difundido.
Tres horas más tarde, su esposa, Johanna Aguirre, y la hermana de Márquez, Nancy Márquez, dijeron que lo encontraron en un hospital público con sangre alrededor de una oreja y un gran moretón en la parte posterior de su cabeza, según fotos brindadas por su familia. Márquez, que presenta una fractura de cráneo, según un informe médico, entró en coma y murió a los tres días. La familia responsabiliza al gobierno.
En una aparición en televisión nacional, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, hablando en nombre del gobierno, afirmó que Márquez había sido «un sicario, un mercenario que probablemente fue contratado para asesinar al presidente Maduro«.
Al leer de la página de Facebook FB -1.31% de Márquez, donde aparecía en ropa de camuflaje y con lo que parecía un rifle, Cabello dijo que Márquez había fracasado en su misión y que entonces «lo mataron sus propios camaradas«.
La familia de Márquez afirmó que las fotos de Facebook habían sido tomadas cuando practicaba su pasatiempo de fin de semana, los «juegos de guerra» Air Soft, que es similar al paintball.
En tanto, un grupo independiente de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas que se especializa en ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias le pidió a Venezuela hace poco que investigue lo que llamó informes creíbles de ataques a manifestantes, cuyas cifras están en baja.
«Según informes, algunos fueron golpeados —y en algunos casos torturados severamente— por fuerzas de seguridad, llevados a instalaciones militares, incomunicados y sin acceso a asistencia legal», dijo el grupo en una declaración.
Grupos de derechos humanos afirman que el discurso agresivo del gobierno alienta ese tipo de tratamiento y contribuye a una atmósfera cargada.
Cuando comenzaron las protestas en febrero, Maduro prometió «mano de hierro para los conspiradores y los desestabilizadores». Desde entonces, el presidente calificó a los manifestantes una y otra vez como fascistas, asesinos y marionetas de Washington que buscan derrocar al gobierno.
Liliana Ortega, que lidera el grupo de derechos humanos Cofavic, y que está entrevistando a víctimas que dicen haber sido golpeados durante las protestas, dijo que la retórica combativa y la represión en las calles comenzó después de la elección presidencial del 14 de abril de 2013, celebrada para elegir al sucesor de Chávez, que murió de cáncer. La ajustada victoria de Maduro provocó manifestaciones en todo el país después que los líderes opositores alegaron irregularidades. Nueve personas perdieron la vida.
Otros manifestantes han afirmado que guardias los golpearon e incluso torturaron mientras estaban detenidos.
Juan Manuel Carrasco, un carpintero de 21 años, publicó una foto mostrando las huellas de los golpes que dijo haber recibido después de que guardias nacionales lo rodearan durante una manifestación. Carrasco dijo que uno de los guardias empujó un fusil contra su ano. «Traté de no gritar porque si hubiera hecho cualquier ruido creo que me habrían matado«, dijo en una entrevista en casa de sus padres, donde se estaba recuperando.
La fiscal general de Venezuela, Ortega Díaz, dijo hace poco que seis agentes de inteligencia estaban entre los más de una decena de miembros de las fuerzas de seguridad arrestados en conexión con la violencia durante las protestas. Afirmó que los arrestos muestran que el sistema judicial funciona.
Grupos defensores de los derechos y líderes opositores sostienen que tienen muy poca confianza en que alguien vaya a ser procesado. El sistema de justicia venezolano es controlado por el ejecutivo, según la comisión de derechos humanos de la OEA. Pocos delitos violentos, tanto los que resultan de la violencia callejera o de las muertes durante las protestas, llegan a ser investigados apropiadamente o llegan a juicio, dijo Marino Alvarado, que dirige Provea, un grupo de derechos humanos de Caracas.
Por ahora, sólo fotos y videos de la violencia —así como las declaraciones públicas de los familiares de las víctimas— lograron resonar más allá de Venezuela, mayormente a través de las redes sociales.
The Wall Street Journal Americas – Kejal Vyas en Caracas contribuyó a este artículo.