El equipo legal del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebró la solicitud que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) hizo a Cabo Verde, donde lleva detenido casi un año, para que detenga su extradición a EEUU.
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«La decisión del CDHNU me congratula porque paraliza la extradición», afirmó el exjuez español Baltasar Garzón, coordinador del equipo legal internacional del empresario colombiano, en un comunicado remitido a Efe al filo de la pasada medianoche.
Esa decisión consta en una carta firmada en Ginebra y publicada este martes por los relatores especiales del Comité de Derechos Humanos sobre Nuevas Comunicaciones y Medidas Provisionales, Helene Tigroudja y Arif Bulkan.
«De conformidad con el artículo 94 del reglamento del Comité, se ha pedido al Estado miembro que se abstenga de extraditar al señor Álex Nain Saab Moran a los Estados Unidos de América mientras su caso sea examinado por el Comité o hasta nuevo aviso», señalan los relatores, que piden al país africano que adopte medidas para garantizar el «acceso a atención médica adecuada» para Saab.
«El Comité -advierten- puede revisar su decisión sobre la base de la información proporcionada» por Cabo Verde y Saab, que interpuso una denuncia ante ese organismo que alega «tortura y malos tratos» en el momento de su arresto, así como «condiciones inhumanas y degradantes de la detención debido a la falta de cuidados médicos».
Según Garzón, la decisión del CDHNU «exige la atención médica de confianza y permite entrar a valorar el fondo de la cuestión».
«Esperamos que Cabo Verde tome nota, cumpla el mandato del Comité y que la Corte Constitucional (caboverdiana) decida la improcedencia de la extradición de Álex Saab a Estados Unidos», agregó el exjuez español, en alusión al veredicto que ese alto tribunal debe emitir sobre la suerte del supuesto testaferro.
El empresario, de 49 años, fue detenido el 12 de junio del año pasado cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Tras su detención, Venezuela subrayó que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
El nombre del empresario apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según el Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con «cientos de millones de dólares».
EFE
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