«El impuesto trata de encarecer las transacciones en dólares», expresó el pasado 7 de febrero el economista y presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, en alusión con la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), con la cual a su juicio el régimen de Nicolás Maduro buscará «revivir» al bolívar.
AFP
Durante una entrevista ofrecida a Onda La Superestación, señaló que es «imposible un proceso de dolarización normal», porque se tendría que tener un acuerdo con la Reserva Federal Americana (Estados Unidos) y recordó que tanto el régimen venezolano como el Banco Central de Venezuela (BCV) están sancionados.
«El BCV intenta revivir el bolívar, busca mecanismos para promocionar que la gente continúe utilizando esta moneda en vez del dólar, y el impuesto de alguna manera lo que hace es tratar de encarecer las operaciones en esa moneda», explicó el experto durante su conversación con la periodista venezolana Shirley Varnagy.
El pasado jueves 3 de febrero el «diputado» de la Asamblea Nacional electa en 2020 Ramón Lobo explicó que las operaciones que se dan dentro del sistema financiero «que son calificadas como contribuyente especial; deben ser incorporadas en el concepto de grandes transacciones financieras, así como los pagos que se hacen fuera del mismo».
Detalló, que en la reforma de la ley, «es necesario incorporar las transacciones en dólares y en criptoactivos para incrementar la recaudación de impuestos; que permitirá al Ejecutivo atender los requerimientos del pueblo».
«Esta nueva reforma busca que las transacciones en divisas paguen un impuesto sobre los débitos; y transacciones al menos igual o superior al que hoy pagan los débitos en bolívares», agregó.
De acuerdo al Parlamento fraudulento, el documento que consta de ocho artículos permite el incentivo de la utilización de la moneda nacional de forma comercial, dando una remota posibilidad de aumentar su flujo en el mercado y de recuperar su valoración.
Sin embargo, el mercado venezolano comercializa en al menos un 80% con sus precios valorados en dólares, moneda que además tiene un flujo en efectivo ilegal y no controlado en el territorio nacional.
Ya se sabe que el porcentaje de la alícuota será del 3%, aplicado a personas jurídicas y naturales. Se espera que su entrada en vigencia ocurra el próximo 1 de marzo de 2022.
“Hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta, se fija la alícuota (…) en tres por ciento (3%) para las transacciones efectuadas por los contribuyentes señalados en los numerales 5 y 6 del artículo 4”, reza el nuevo artículo 24 de la legislación, que se refiere a los pagos realizados con dólares, pesos colombianos o reales brasileños en efectivo o con cualquier otra criptomoneda como el Tether (USDT) o el Bitcoin.
Redacción Maduradas
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