El empresario Samark López Bello, aseguró que no tiene ningún vínculo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), indicando que se trata de una «narrativa mediática” política.
“Ha sido todo una narrativa mediática diseñada y financiada con fines políticos. Pero como toda narrativa falsa, carece de hechos concretos y la realidad se impondrá en forma de justicia”, agregó.
López es acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser el testaferro del ministro de petróleo, Tareck el Aissami, motivo por el cual le congelaron más de $160 millones como resultado de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, realizó estas declaraciones en el marco de la lucha que libra ante el tribunal federal de apelaciones de la Florida para evitar que parte de sus fondos congelados sean otorgados como compensación a tres contratistas estadounidenses que fueron secuestrados por las FARC.
López negó tener vínculos empresariales con las FARC o con el denominado Cartel de Los Soles, organización compuesta por altos funcionarios del régimen venezolano que controla las operaciones de narcotráfico en Venezuela.
“A cinco años del anuncio de mis sanciones y de estar sujeto a un sin fin de investigaciones, ninguna fiscalía me acusa de narcotráfico o lavado de activos, porque simplemente no tengo ni tuve ninguna relación con ningún cartel u organización terrorista como las FARC”, dijo López en un breve mensaje enviado a el Herald.
Los abogados de López manifestaron ante la corte federal de apelaciones que no hay evidencia, ni condena, que conecte a López con la FARC.
“Los argumentos utilizados en su contra nunca han sido comprobados y carecen de sustentos concretos que lo vinculen con la organización criminal”, resalta un comunicado emitido por los abogados.
López manifestó su deseo de ir a juicio, para demostrar que no mantuvo ninguna relación con las FARC.
“Oportunidad de obtener justicia mediante un juicio con jurado para que quede demostrado que no existe ningún vínculo entre mi persona y las FARC, así como con ninguna otra organización de esa naturaleza y que todas las acusaciones realizadas por los abogados de los demandantes fueron claramente fabricadas con el propósito de beneficiarse económicamente aprovechándose del legítimo dolor de las víctimas de las FARC”, manifestó.
El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares, por información que conduzca a la captura o sentencia del empresario venezolano, quien conjuntamente con El Aissami figura en la lista de los más buscados de la Policía de Inmigración y Aduanas, ICE.
Redacción Maduradas con información de El Nuevo Herald