A pesar de que la comisión parlamentaria que revisa las designaciones del pasado 23 de diciembre estableció un lapso de seis a ocho semanas para presentar su informe, los expertos en derecho recomendaron que la decisión se tome cuanto antes.
Los miembros del Bloque Constitucional de Venezuela advirtieron a la comisión de la Asamblea Nacional que revisa la designación de los magistrados elegidos en diciembre pasado por el Parlamento saliente, que desde el Tribunal Supremo de Justicia ya se alistan estrategias para frenar cualquier decisión que pueda revocar a las nuevas togas de sus puestos.
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Quienes hicieron tales señalamientos en la reunión de la comisión, que se llevó a cabo el pasado miércoles, fueron los ex magistrados Pedro Rondón Haaz y Blanca Rosa Mármol, quienes dijeron tener fuentes dentro de la máxima corte venezolana que ratificaron estos movimientos.
“Ya en el TSJ, antes de que se produzcan las actuaciones de la Asamblea como el acuerdo de Amnistía o el acuerdo de exhortación a espetar los Tratados y Pactos Internacionales, ellos (los magistrados) evalúan cuál sería la Sala que lo podría revisar para dejarlo sin efecto. O sea, se demuestra que el TSJ está preparado, de una manera premeditada, para torpedear las actuaciones de la AN”, dijo a Runrun.es Mármol de León.
Estas medidas, acotó, podrían provenir de la Sala Constitucional o de la Político-Administrativa del TSJ, según el caso.
Para el abogado Juan Carlos Apitz resulta inminente que el Parlamento, de mayoría opositora, declare que fue un fraude la designación de los “magistrados exprés” quienes, según él, tienen una “misión política”. Tal acción impulsaría una decisión desde el Poder Judicial.
“Como ellos (los chavistas) han utilizado al Tribunal Supremo de Justicia como un instrumento de persecución a la disidencia política, me imagino que algo van a tramar (…) Pensar que van a tolerar pacíficamente que se devele este fraude a la institución, me parece que sería una inmensa ingenuidad. Algo van a hacer”, señaló a Runrun.es tras escuchar las advertencias de Rondón Haaz y Mármol de León.
Ante tal panorama, Apitz recomendó a la comisión que se pronunciara lo antes posible sobre la situación de los nuevos magistrados. El plazo de seis a ocho semanas, anunciado por el diputado Carlos Berrizbeitia, para la presentación de un informe ante la plenaria, le parece excesivo.
“Yo sí creo que la Asamblea tiene que ponerle coto a todos estos vicios y fraudes que se han cometido en la elección de los magistrados y, de ahí para abajo, en la selección de jueces. Esta es una buena manera de comenzar, pero creo que esta comisión debería tomar rápidamente una decisión para no permitirle mayor maniobra al Tribunal Supremo de Justicia (…) Seis semanas es demasiado, esta gente es fraudulenta de entrada a salida. Pienso que esto no debería pasar de la semana que viene”, sentenció.
Entre amparos y demandas
Román Duque Corredor, otro de los abogados del Bloque Constitucional, advirtió que es posible que en el TSJ se introduzca un amparo constitucional para evitar que la comisión que cuestiona las designaciones continúe su trabajo. Las razones para justificar esta medida, según el experto, podrían fundamentarse en advertir que “está en juego el fuero de la justicia o los valores constitucionales”, o quizás que se atenta contra los derechos ciudadanos “desde la estabilidad del Poder Judicial”.
Otro escenario planteado, de acuerdo con Duque Corredor, sería la presentación de una demanda de nulidad de la decisión que tome la Asamblea Nacional, por considerarla una violación a derechos colectivos o difusos, bajo el señalamiento del detrimento de la democracia y el tribunal. También se puede anular el procedimiento por medio de un recurso que alegue que la AN se excedió en sus competencias, o que argumente los derechos que alguno de los magistrados pueda tener frente a la decisión.
El abogado descartó que el texto final de la comisión pueda ser impugnado, debido a que se trata de un “informe técnico” y no de uno jurídico.
Recalcó que, frente a cualquiera de estas situaciones, los “magistrados exprés” deben inhibirse. No pueden votar debido a que son la parte interesada en el asunto y si lo hacen, la medida debe recusarse.
«La salida»
Los abogados recomendaron a los diputados de la comisión que si se comprueba el fraude en los nombramientos, opten por declarar la nulidad de las actuaciones del Comité de Postulaciones Judiciales que hizo la preselección de los magistrados, ya que este es un órgano subordinado a la AN. Si esto se logra, todos los actos siguientes, como las designaciones hechas por la plenaria el pasado 23 de diciembre en el hemiciclo, también serían anulados.
Tal medida, sustentada en los vicios en los que incurrieron los miembros de esta dependencia, no podría ser cuestionada por ningún otro poder. “No le pueden discutir a la Asamblea los procedimientos sobre sus propios actos”, dijo Duque Corredor.
La acción está amparada por el artículo 90 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, el cual permite que se corrijan, con el voto de la mayoría absoluta que ya tiene la oposición, los actos del hemiciclo en los que se cometieron errores o en los que hubo carencias.
Decisiones revocatorias
Artículo 90. Las decisiones revocatorias de un acto de la Asamblea Nacional, en todo o en parte, requerirán del voto de la mayoría absoluta de los presentes. Igualmente, en los casos en que por error o por carencia de alguna formalidad no esencial se hubiese tomado una decisión por la Asamblea Nacional, ésta, una vez constatado el error o carencia, podrá declarar la nulidad de la decisión con el voto de la mayoría de los presentes.
Con información de Runrunes / Por Lorena Meléndez.