Ecuador eliminó este domingo la exigencia de pasaporte para el ingreso en el país de niños y adolescentes venezolanos que lleguen con sus padres o tutores que sí porten el documento.
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“No será exigible requisito previo de la presentación de un pasaporte válido para el ingreso al territorio ecuatoriano, para los niños, niñas y adolescentes originarios en la República Bolivariana de Venezuela, en calidad de turistas, transeúntes o con ánimo de radicarse en Ecuador”, informó la Defensoría del Pueblo mediante un acuerdo ministerial.
El documento de Cancillería puntualizó que no se requerirá el pasaporte a los menores y adolescentes siempre y cuando ingresen acompañados de sus padres, quienes deberán portar el pasaporte “válido y vigente” y demostrar la relación de filiación, o acompañados de un tutor que debe cumplir los mismos requisitos y portar la documentación de tutoría.
La defensora del Pueblo de Ecuador, Gina Benavides, comentó a Efe que en Venezuela no se emiten cédulas de identidad ni pasaportes a menores de hasta 9 años, sino únicamente partidas de nacimiento.
Señaló que un equipo de la Defensoría del Pueblo en la frontera constató que había “familias divididas” por la decisión del Gobierno de solicitar el pasaporte, pues los menores no tenían el documento.
Se mostró preocupada porque considera que se están poniendo “parches” a la decisión anunciada por sorpresa el pasado jueves de exigir el pasaporte a los ciudadanos venezolanos para ingresar en Ecuador.
“Cuando se toma una medida debe ser analizada de forma integral, mirando efectivamente las consecuencias que va a traer”, anotó al comentar que ahora se está determinando “que hay situaciones que no han sido contempladas por una medida que, simple y llanamente, de forma general, puso que todas las personas ingresen con pasaporte”.
Consideró que se necesita que el Estado tenga una mirada “integral, completa de la situación” y frente a ello pueda establecer medidas que puedan ser viables.
Benavides insistió en que la decisión de exigir pasaporte a los venezolanos “no es legal ni constitucional” y atenta contra “principios básicos de atención humanitaria, que es lo que está viviendo Venezuela, porque en este caso hay una crisis humanitaria y la población es la que necesita protección”.
“Nos preocupa, además, que las medidas se tomen contra la población y que no se tenga una posición firme a las causas que originan este proceso migratorio masivo, el más numeroso que se ha registrado en Suramérica”, agregó.
Consideró que ello “interpela a la necesidad de que los Gobiernos de la región tengan una posición frente a la situación que se está viviendo en Venezuela”.
La Defensoría del Pueblo está a la espera de la respuesta de un tribunal a la solicitud formulada el pasado viernes de medidas cautelares para intentar frenar la decisión del Gobierno de Lenín Moreno, de solicitar pasaporte a los ciudadanos venezolanos.
Información de EFE
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