La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó por tercer año consecutivo al régimen de Nicolás Maduro que cumpla con la sentencia sobre la “Lista Tascón”.
La “Lista Tascón”,fue publicada por el fallecido diputado Luis Tascón, en ella se revelaban los datos de todos los ciudadanos que firmaron para solicitar la activación del referéndum revocatorio presidencial en contra del fallecido expresidente Huigo Chávez, lo que generó despedidos y acciones de discriminación en contra de empleados públicos.
La CIDH ha recordado al régimen, que el plazo para dar cuenta del cumplimiento de la sentencia, en el caso San Miguel Sosa y Otras Vs Venezuela, dictada en fecha 8 de febrero de 2018, no ha sido cumplido.
La solicitud de cumplimiento de sentencia fue realizada a través de una comunicación por el representante de las víctimas, Dr. Héctor Faúndez Ledesma, el pasado martes 21 de diciembre de 2021, indicando que en el año 2019 venció el plazo de un año para presentar el informe en el que se indique, cuáles son los órganos, instituciones o autoridades estatales encargadas o responsables de implementarlas y el cronograma de trabajo para su cumplimiento total.
“Es francamente cruel el comportamiento del Estado venezolano en materia de DDHH. Han pasado 17 años de los hechos y a pesar de tener una sentencia favorable en nuestro caso, de un órgano internacional, el Estado se niega a cumplirla”, dijo Rocío San Miguel, víctima en el caso.
En el año 2004, Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras por su presidente José Vicente Rangel, tras publicarse la “Lista Tascón”, después de haber firmado para solicitar el referéndum revocatorio.
El caso San Miguel Sosa y Otras contra Venezuela fue el único de la “Lista Tascón” que pudo documentarse ante instancias internacionales, aunque otros miles los funcionarios y empleados de la administración pública del Estado fueron despedidos en represalia por firmar el referendo revocatorio.
Las víctimas de este caso, asistidas por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, después de agotar todos los recursos judiciales en Venezuela sin obtener justicia, acudieron a la jurisdicción internacional, logrando en el año 2018 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado venezolano por discriminación, al violar su derecho a la participación política.
También fue condenado en este caso el Estado venezolano por su responsabilidad en la violación de la libertad de pensamiento y expresión, la violación del derecho al trabajo, la violación del derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo ante la ley, derechos garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Redacción Maduradas con información de Monitoreamos