Un tribunal arbitral administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en Holanda, condenó al régimen de Nicolás Maduro el pasado 26 de abril, a pagar unos 366 millones de dólares, a favor de los propietarios de dos compañías expropiadas en el 2010.
Foto: AFP
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Diario Las Américas, las indemnizaciones van a favor de Serafín García Armas y su hija Karina García Gruber, propietarios de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A.
El rotativo explica que este arbitraje internacional se inició en el 2012 por García Armas y su hija, invocando el “Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Venezuela y el Reino de España en el año 1995”.
El reclamo de los propietarios está basado en la expropiación de las mencionadas empresas, las cuales operaban en el sector de la “importación y distribución de alimentos en Venezuela”.
La nota agrega que en mayo del 2010 las instalaciones de las empresas fueron ocupadas por funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), bajo las órdenes del expresidente Hugo Chávez.
Vale acotar que la representación legal de García Armas y García Gruber estuvo liderada por los abogados Nigel Blackaby y Noiana Marigo, de la firma Freshfields Bruckhaus Deringer, y por Jean Paul Dechamps, de la firma Dechamps International Law.
Redacción Maduradas con información de Diario Las Américas
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