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¡BASTA YA! Provea: “Urge detener hechos de violencia en actividades convocadas por oposición”

La noche de este miércoles asesinaron al secretario general de Acción Democrática, Luis Manuel Díaz, mientras se encontraba en un acto político en el estado Guárico, promovido por la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori. Hecho de violencia que se suma a los múltiples atentados a concentraciones opositoras desde el pasado domingo.

Ante esto, Provea condena y lamenta estos hechos, asegurando que “en apenas 15 días han sido denunciados al menos 5 ataques y hechos de violencia durante actividades proselitistas convocadas por sectores de oposición”.

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Según informó el secretario general del partido AD, Henry Ramos Allup a través de su cuenta en Twitter, Luis Manuel Díaz, quien además era el responsable político de dicha organización en el estado Guárico, fue asesinado mientras estaba en la tarima de un acto de campaña en el que también participó la esposa del dirigente político Leopoldo López. Según el relato, el hecho ocurrió a las 7:30 de la noche de este miércoles. Dirigentes de la coalición política de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han señalado a presuntos simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de ser responsables de los hechos. En horas de la tarde de este mismo día, simpatizantes de la MUD denunciaron hechos de violencia durante una concentración en la ciudad de San Félix, estado Bolívar, en la que participaría el gobernador del estado Miranda y dirigente opositor Henrique Capriles.

Urge detener la escalada de ataques y hechos de violencia que se han registrado en la recién iniciada campaña electoral para los comicios del 6 de diciembre. En apenas 15 días han sido denunciados al menos 5 ataques y hechos de violencia durante actividades proselitistas convocadas por sectores de oposición. Para Provea estas situaciones son motivo de alarma y preocupación.

En su observación general N° 25 sobre el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) referido a la participación en los asuntos públicos y el derecho al voto, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dijo que “la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho de voto y deben protegerse plenamente”.

Igualmente la ONU ha señalado que los Estados están obligados a garantizar la participación de todas y todos los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos, propiciando y respetando el ejercicio del debate y el diálogo plural y público y brindando garantías para el ejercicio de la libre expresión, reunión y asociación pacíficas, ello, por supuesto incluye la celebración de actos y reuniones pacíficas en el contexto de elecciones. Por su parte el Relator Especial de la ONU para los derechos de asociación y reunión pacíficas, Maina Kiai, ha dicho que “(…) los Estados tienen la obligación positiva de proteger activamente las reuniones pacíficas. Esta obligación abarca la protección de los participantes en reuniones pacíficas de los actos perpetrados por personas aisladas o grupos de personas, incluidos agentes provocadores y contra manifestantes, con el propósito de perturbar o dispersar tales reuniones, entre ellos miembros del aparato del Estado o individuos que trabajen a cuenta de este”.

En tal sentido, los hechos de violencia y ataques contra actores y simpatizantes políticos en el marco de la actual campaña electoral, que sean directa o indirectamente alentados por funcionarios del Estado o que sean cometidos por actores no estatales que actúen bajo la aquiescencia del Estado, constituyen un incumplimiento de las obligaciones derivadas del PIDCyP, de la Constitución Nacional y de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones Públicas. El Estado tiene la obligación de proteger a todas y todos los ciudadanos, y brindar entornos seguros para que puedan ejercer libremente sus derechos a la reunión y asociación pacíficas sin riesgos de ser criminalizados o de sufrir ataques a sus vidas e integridad física. 

Por su parte, todos los actores políticos tienen el deber de contribuir con la construcción de un clima de paz que permita dirimir las controversias con respeto al pluralismo político y bajo las reglas que brinda la democracia.

El Ministerio Público debe investigar de forma oportuna las circunstancias en las que se produjo el asesinato del dirigente político Luis Manuel Díaz para que los presuntos responsables sean presentados ante la justicia. Una investigación y sanción oportuna ayudará a evitar que estos hechos se repitan y a impedir que la violencia en el contexto electoral termine por convertirse en una espiral que empañe lo que debe ser un ejercicio democrático, pacífico y plural.

Con información de Correo del Caroní.

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