El coronel Manuel Barroso era presidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, cuando esa institución aprobó en 2012 más de 23,5 millones de dólares a 2 importadoras con apenas meses de existencia: Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, constituidas en junio y diciembre de 2010. Ambas empresas, de acuerdo con sus expedientes mercantiles, eran propiedad de un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar: el teniente coronel Carlos Arias Delgado. La primera de las compañías no sólo obtuvo divisas preferenciales, sino que también logró 16 contratos para proveer atún ecuatoriano a la red gubernamental Mercados de Alimentos, Mercal, presidida por el entonces coronel Félix Osorio, quien egresó en la misma promoción que los otros 2 y para la época era integrante de la directiva del organismo cambiario, instancia colegiada que decidía sobre las entregas de moneda extranjera a empresas solicitantes.
Un cuarto oficial retirado se asoció con Arias Delgado en la segunda de las firmas antes de finalizar ese año de aprobaciones millonarias de dólares: fue el teniente coronel Eduardo Escalante Pérez. Casualidad o no, igualmente se graduó con los demás y antes de sumarse al mundo empresarial fue gerente de Importaciones y Seguimiento y vicepresidente de Administración y Control en Cadivi a la orden de sus compañeros de armas.
Juntos podrían conversar en un reencuentro acerca del poder que ejercieron: unos aprobaban divisas, otros importaban bienes y los demás podían decidir o liderar procesos de contratación con el Estado. Los cuatro militares estuvieron entre los seis más brillantes de la promoción General José Trinidad Morán de 1990. Barroso y Osorio ¬ambos participaron en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992¬ son los más conocidos: uno por haber sido entre 2006 y 2013 el más poderoso funcionario de la principal instancia del control cambiario en Venezuela y el otro por haber ocupado una posición clave en la ejecución de las millonarias políticas de importaciones de alimentos no sólo como ministro del área y presidente de Mercal, sino también como titular de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA. Arias Delgado y Escalante Pérez tuvieron un perfil público menos visible. El primero, de origen panameño y naturalizado venezolano, hizo carrera como gerente público en Bolívar, donde organizó el servicio de seguridad 171 durante la gestión de Francisco Rangel Gómez, gobernador de la entidad por el PSUV y ex presidente de la Corporación Venezolana de Guayana.
Escalante Pérez, otro de los insurrectos de hace 20 años, trabajó en comisión de servicio en Pdvsa y luego en Cadivi: entre sus responsabilidades en la última institución estuvo apoyar acciones jurídicas contra compañías por obtención y uso inadecuado de divisas. Una frase puede resumir la parábola del militar: cuando se hizo empresario saltó del mundo de los fiscalizadores al de los posibles fiscalizados.
El tema sobre cómo el gobierno administró las divisas en la última década se ha convertido en un asunto caliente: los sistemas de control cambiario implantados en Venezuela no impidieron que se esfumaran por lo menos entre 25 millardos y 30 millardos de dólares ¬según lo han admitido voceros oficiales como Jorge Giordani, ex ministro de Planificación, y Edmée Betancourt, ex presidenta del Banco Central de Venezuela¬, entregados en su mayoría a empresas de maletín. Para muchos el fraude ha sido el mayor caso de corrupción de la historia republicana y las pérdidas se tradujeron en la acumulación de deudas millonarias con sectores enteros de la economía y en la generación de desabastecimiento asociados a las fallas de las importaciones de las que el país es dependiente como nunca antes. Los focos de las averiguaciones ¬si se juzga por el discurso público de las autoridades¬ no han sido puestos sobre militares como Barroso u Osorio y su papel en la aprobación de divisas. Hace una semana, el Centro Nacional de Comercio Exterior, ¬instancia que reemplazó a Cadivi¬ divulgó una lista para citar a los representantes de más de 1.100 empresas a explicar cómo usaron las divisas recibidas entre 2012 y 2014.
Mellizas clave
Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres no formaron parte de esa lista. Ambas fueron constituidas en Valencia, Carabobo, el 16 de junio y el 2 de diciembre de 2010, respectivamente, de acuerdo con sus expedientes mercantiles. Una se dedicaría principalmente a la importación y comercialización de alimentos y maquinaria agrícola. La otra a la compra y venta de medicamentos y equipos médicos. Ambas comenzaron con capitales de 200.000 y 500.000 bolívares. Arias Delgado las creó junto con 2 hermanos y empresarios carabobeños que entonces tenían 31 y 34 años de edad: Paúl Miguel Ortega González, -quien mantuvo 50% de las acciones de la primera-, y Miguel Ángel Ortega González, -que se quedó con la mitad de la propiedad de la segunda-.
Los socios del teniente coronel retirado eran conocidos por sus actividades en Bolívar: el menor de los Ortega González era copropietario y vicepresidente de una firma denominada Credilab, que ofrecía las tarjetas de ticket alimentación a los trabajadores de la gobernación del referido estado. El accionista principal de esa compañía era Yamal Mustafá, empresario que el año pasado fue detenido por su vinculación con mafias de contrabando de hierro que afectaban a la estatal Ferrominera del Orinoco y quien además había sido señalado de manejar un grupo de compañías que habían concentrado las contrataciones del Ejecutivo bolivarense durante el mandato de Rangel Gómez, que comenzó en 2004 y aún sigue después de su segunda reelección de 2012. Mustafá está preso a la espera del juicio que solicitó la Fiscalía en su contra y sus bienes fueron objeto de medidas de aseguramiento.
El coronel retirado Escalante Pérez apareció después en la escena cuando compró, en noviembre de 2012, 27% de las acciones de Fármacos Venenceres. Al cabo de un mes el capital social fue incrementado a 4 millones de bolívares a cargo de las cuentas por pagar a los socios. Casi un año más tarde, -en octubre de 2013,- todos vendieron la compañía a otro empresario: Héctor Luis Monsalve, entonces de 32 años de edad.
Una contradicción en la información pública genera dudas sobre la participación del ex vicepresidente de Cadivi en Alimentos Venenceres: una ficha actualizada de la empresa en el Registro Nacional de Contratistas lo identifica como uno de los accionistas y como gerente general de la firma. Su nombre, sin embargo, no aparece mencionado en el expediente que reposa en los registros mercantiles de Valencia. Como gerente de la importadora de alimentos sí se menciona a otro de los Ortega González: Miguel Arturo.
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