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Chavismo aprobó ley para la “protección” de activos venezolanos en el extranjero y Jorge Rodríguez prometió duras sanciones contra “apátridas” (+Video)

La Asamblea Nacional chavista aprobó este martes 16 de mayo, por unanimidad, la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, que busca recuperar bienes del país en el exterior, donde son administrados por un sector de la oposición.

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«Esta ley tiene como objeto fundamental la recuperación de nuestros bienes», indicó el diputado chavista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en la sesión de la AN.

Asimismo, dijo que el texto legislativo declara como nulo cualquier intento o acción de «organismos internacionales» contra bienes del Estado, «que le pertenecen al pueblo de Venezuela, no le pertenecen a los Estados Unidos ni le pertenecen a ningún grupo político de la oposición venezolana».

Cabello señaló que esta ley se complementa con la recién aprobada de Extinción de Dominio, que busca recuperar bienes y recursos del país vinculados a casos de corrupción.

«Partimos de las medidas coercitivas unilaterales, sanciones, del bloqueo criminal, de la persecución contra los funcionarios venezolanos que ha llevado al despojo de algunas propiedades e intereses de nuestro país», sostuvo.

La ley, de acuerdo con el texto, tiene como finalidad «proteger el patrimonio» venezolano frente a cualquier «intento o acción de expolio, protagonizado desde el extranjero, con o sin la participación de personas o entidades venezolanas».

A principios de mayo, el Departamento del Tesoro estadounidense decidió, a través de la licencia general número 42, no adoptar «medidas coercitivas» para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre Citgo, filial de la venezolana petrolera Pdvsa en Estados Unidos.

La licencia autoriza al Parlamento del periodo 2016-2021, formado por una amplia mayoría opositora y relevado en 2021 por un Legislativo de mayoría chavista, a efectuar «ciertas transacciones» en relación con «cualquier deuda del gobierno de Venezuela», Pdvsa o «cualquier entidad» en la que la estatal posea «una participación del 50 % o más».

La decisión también permite la «negociación de acuerdos de conciliación» con personas designadas por este Legislativo, considerado por Estados Unidos como la última institución elegida democráticamente en Venezuela.

EFE

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