Un informe sobre privacidad y datos personales presentado por Espacio Público, la cual es una asociación civil que promueve y defiende el derecho a la información, indicó que el régimen de Nicolás Maduro, quebranta el derecho a la privacidad y protección de datos personales de los venezolanos que protestan por WhatsApp, usan el capta huellas, tiene carnet de la patria o robando sus equipos celulares.
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En Venezuela no existe una ley de protección de datos personales ni políticas estructurales que comprendan el derecho de protección de datos de manera integral, a pesar de que la constitución establece el derecho a la privacidad y el derecho de las personas «de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados», la investigación indica que se encuentran «desagregadas» y no forma parte de un «corpus integral que dé cuenta de las garantías asociadas a la protección de datos».
Uno de los aspectos más vulnerados en es el derecho a la libertad de expresión, el régimen ha detenido a varios ciudadanos por el uso de redes aplicaciones de mensajería como WhatsApp, así lo explico Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público
«Esto se agudizó específicamente durante la pandemia en el año 2020, donde por primera vez empezamos a registrar este tipo de casos, y son básicamente personas que hacen uso de esta aplicación de mensajería instantánea. Por eso lo incluimos como un caso con privacidad de datos personales, porque no se trata de un sistema de redes sociales», dijo Rodríguez.
Algunos venezolanos que han acudido a las este tipo de mensajería para expresar su opinión en contra del régimen, han sido detenidos y en varios casos judicializados, para esto el régimen se fundamenta en la ley del odio la cual según Rodríguez coacciona a las personas a expresar su libre opinión.
«Por ejemplo, a través de estados o a través de grupos masivos, consultan información que podría estar vinculada a posibles actos de corrupción o críticas a la gestión pública o críticas al Gobierno y que han sido criminalizados o detenidos o judicializados», explicó.
«La acusación más común fue instigación al odio, delito contemplado en la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, rechazada desde su aprobación por ser incompatible con los estándares en materia de libertad de expresión», apunta el informe.
Rodríguez destacó que no se ha comprobado que el régimen maneje un mecanismo para vigilar a los celulares de los venezolanos, pero si recurren a las denuncias que realizan algunas personas en contra de otras
Otro de los mecanismos de vigilancia del régimen es el robo de información de entidades públicas, por ejemplo CANTV clono una página web que en febrero de 2019 surgió como iniciativa del Parlamento liderado por Juan Guaidó, para el registro de datos de personas interesadas en prestar servicio de voluntariado.
El régimen también se ha dedicado a la tarea de confiscar ilegalmente equipos, mayormente teléfonos inteligentes a periodistas para evitar que realicen su trabajo.
«A periodistas durante coberturas de calle los interceptaron y les piden sus equipos, sea a través de intimidación o amenaza física manifiesta», subrayó Rodríguez.
Michel de Souza, director de políticas públicas de Derechos Digitales, una ONG regional enfocada a los derechos humanos en intercepción con la tecnología, señaló la gravedad de la implementación de tecnología biométrica para el «control social».
«Estamos discutiendo el concepto de tecno-autoritarismo, sobre el uso de las herramientas tecnológicas para promover la recolección masiva de datos de ciudadanos, de control de las ONG, de la prensa. Son prácticas que invierten la lógica del sistema», dijo en su intervención durante la presentación del informe.
Los denominados captahuellas vulneran también el derecho a la privacidad y la protección de datos en Venezuela, así como el Carnet de la Patria almacena información esencial de los habitantes y funge como herramienta de control político y social a través de la asignación de bonos y ayudas económicas a la población
«El uso social de tecnologías biométricas en Venezuela comienza en junio de 2009, con la implementación del pasaporte biométrico. En 2011, se incorpora al sistema electoral venezolano. En los años posteriores se instauró para la seguridad alimentaria», añadió.
«Ninguna de estas bases está sometida a escrutinio o regulaciones, lo cual da lugar a la probabilidad de un manejo discrecional y alimentar represalias fundadas en valoraciones políticas-partidistas», argumenta el texto.
Redacción Maduradas con información de Tal Cual Digital