«Venezuela ha dejado de ser un Estado constitucional«. La sentencia la lanzó hace casi un mes la Academia de Ciencias Políticas y Sociales tras conocer los fallos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, mediante los cuales encarceló y destituyó a dos alcaldes y validó la expulsión de una diputada opositora del Parlamento. La frase fue apoyada por el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Nikken, quien denunció: «La Constitución ha sido dejada a un lado por las autoridades, las cuales ejercen el poder abusivamente«.
En similares términos se pronunció el catedrático de la Universidad Central de Venezuela, Gustavo Linares Benzo, quien aseveró: «La Carta Magna no es nada si los jueces no la cumplen ni toman medidas para que el resto la cumpla (…) Si ningún tribunal controla al Gobierno los derechos constitucionales son letra muerta».
Las opiniones de los expertos no va dirigidas únicamente a los fallos contra los cargos electos, sino también a las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos formuladas por distintas organizaciones a raíz de la actuación de las autoridades frente a las protestas y disturbios que han sacudido al país desde febrero.
Tras revisar los señalamientos, el diario El Universal halló que funcionarios públicos han sido acusados de atentar contra al menos ocho derechos: vida, integridad, libertad, inviolabilidad del hogar, debido proceso, elegir y ser electo, reunión y manifestación.
Para Nikken que estas imputaciones contra el Gobierno, el cual constantemente apela a su origen democrático, es algo serio. ¿La razón? «Las violaciones a los Derechos Humanos provenientes de un Gobierno electo son más graves que las provenientes de una dictadura, porque lo desnaturalizan».
Linares, por su parte, no sólo cuestionó la actuación de los policías, militares y demás funcionarios, sino también de fiscales y jueces. «Las garantías individuales han sido violadas por el Gobierno, pero la justicia no lo castiga sino que lo respalda«, afirmó, al tiempo que agregó: «En Venezuela no hay separación de poderes y prueba de eso es que el Gobierno no pierde una demanda en los tribunales».
Desde 2003 la Sala Constitucional no dicta una sentencia contraria a los intereses del Gobierno. Por su parte, en la Sala Político Administrativa de cada 100 demandas que ciudadanos interponen contra el Estado 90 las gana éste.
Por último, comparó lo ocurrido en Colombia con el caso del Alcalde de Bogotá. «Gustavo Petro es el Antonio Ledezma de allá. Es rival del presidente Juan Manuel Santos, quien luego de que fuera destituido puso a un Ministro suyo en su lugar, pero un tribunal ordenó su restitución siguiendo las instrucciones de la Comisión Interamericana y Santos lo restituyó. Para eso está la justicia para controlar al Gobierno y proteger a las minorías, a los débiles de sus abusos». Que el 60% de los jueces sean provisorios, es decir de libre nombramiento y remoción, los expone a presiones a la hora de decidir, según instancias internacionales.
¡Claro y raspa’o! – Comparte esta nota entre tus contactos y déjanos saber tu opinión al respecto.