La polémica juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha generado reacciones a nivel nacional e internacional que advierten la falta de legitimidad de la toma de posesión, enmarcada en la inconstitucionalidad del proceso electoral del pasado 20 de mayo.
Foto: El Universal
De acuerdo con lo señalado por el constitucionalista José Vicente Haro, el acto de juramentación ante el TSJ es un “fraude constitucional”, una “usurpación de funciones” y una demostración de que existe una “ruptura del orden constitucional”.
Manuel Virgüez, presidente del Movimiento Vinotinto, coincidió con estas declaraciones y añadió que la sociedad civil, las universidades, los partidos políticos, las iglesias, los gremios y las ONG tienen que unirse para “rechazar cualquier autoridad investida en los sucesivo por el Ejecutivo”.
Adicionalmente, Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, indicó que el Poder Judicial es ilegítimo, de igual forma, ya que 13 magistrados que forman parte de este fueron nombrados de manera “exprés” en 2015 y los otros 19 magistrados “no cumplen con los requisitos constitucionales”.
Benjamin Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana, opinó que Maduro perdió la legitimidad desde el momento en el que no cumplió con las garantías económicas, políticas y sociales.
“Ahora, con la ilegitimación de origen, continuará ejerciendo el poder de facto”, expresó a El Nacional.
Haro, por su parte, considera que el acto de “juramentarse” ante el TSJ es una medida para obtener un “ápice de legitimidad” frente a los gobierno de China, Rusia, Turquía, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Todo con la intención de obtener préstamos, tratados internacionales y cooperación.
Redacción Maduradas con información de El Nacional
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