Este martes 15 de julio se presentó un nuevo informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos en las Naciones Unidas, que habla sobre la independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia en Venezuela.
EFE
En el texto, señalan que la oficina de Bachelet identificó varios factores que socavan «considerablemente» la independencia del Poder Judicial, refiriéndose al Tribunal Supremo de Justicia del régimen.
«En particular, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical», señala.
Según el informe, todos esos factores merman «la capacidad del poder judicial para controlar el ejercicio del poder de otras instituciones y para velar por el respeto de los derechos humanos».
Señala además que la Asamblea Nacional Constituyente dictó un decreto en el año 1999 en que se establecía la “emergencia judicial” y constituyó una comisión dotada de la facultad para destituir a jueces de su cargo sin seguir un debido proceso, por motivos como la corrupción o los retrasos judiciales.
Respecto a lo anterior, la oficina de Bachelet fue informada de que la Comisión Judicial del TSJ continúa basándose en dicho decreto para destituir a jueces
por otros motivos.
«Desde el 2002 no se ha organizado ningún concurso de nombramiento público de jueces titulares. Debido a la falta de transparencia y de publicidad en cuanto a la designación de los jueces por la Comisión Judicial del TSJ, es imposible comprobar si el proceso seguido cumple los requisitos legales», agrega.
Recuerdan que en el 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que dicho proceso de designación había generado una
situación en la que menos del 25 por ciento de los jueces eran titulares.
En tal sentido, la oficina de Bachelet manifestó preocupación por la inseguridad de que adolece la titularidad de los jueces los deje expuestos a la injerencia de sus superiores y de fuentes externas.
«La información de que dispone el ACNUDH refleja que los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal», señalan.
Además, indicaron que los entrevistados indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de «tomar una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias».
Recordaron el caso del año 2009, donde la jueza María Lourdes Afiuni fue procesada tras pronunciar un fallo que daba cumplimiento a una decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, encarcelada y posteriormente puesta en libertad en 2011 con medidas cautelares.
Redacción Maduradas con información de Acnudh
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