La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un comunicado en el que llama a no manipular por intereses políticos con el referendo del Esequibo, que se celebrará el domingo 3 de diciembre en el país por convocatoria del régimen de Nicolás Maduro.
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«El referendo consultivo es un instrumento de consulta y participación de los ciudadanos como nos lo enseña el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI) en su numeral 413, y lo consagra la CRBV (Constitución) en su artículo 70; por ello pedimos que todos los ciudadanos sean bien informados sobre el significado y las consecuencias del referendo del próximo 3 de diciembre, para que puedan actuar con plena conciencia y en libertad», reza parte del comunicado.
«Dicho referendo no debe ser ni manipulado por intereses meramente políticos ni como medio de presión para los ciudadanos», se agrega.
En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —ente controlado por el régimen de Nicolás Maduro— declaró procedente el jueves 16 de noviembre la solicitud de protección del referendo del 3 de diciembre, con el que el país busca anexionarse el territorio en disputa con Guyana, ante cualquier acto o decisión extranjera, mientras se espera una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al respecto.
De acuerdo a lo reseñado por la agencia de noticias EFE, la Sala Constitucional del Supremo publicó su decisión, un día después de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, acudiese al TSJ a pedir esta protección, en defensa de los derechos políticos de los venezolanos.
En concreto, la Justicia dictó que «Cualquier decisión o actos materiales de personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras), organismos internacionales o Estados nacionales, que desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar» la consulta «no tendrá ninguna validez ni eficacia jurídica».
Por ello, el TSJ emplazó a las instituciones venezolanas no reconocer estos actos, y, en cambio, ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a continuar con este proceso que no tiene carácter vinculante y que no encierra en sí mismo un cambio inmediato en el territorio disputado de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
Además, el Supremo obliga a Nicolás Maduro a «continuar con la protección de los derechos e intereses de la República en torno a esta causa histórica nacional en la defensa de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba», un área sobre la que Venezuela no ejerce control desde 1899.
Redacción Maduradas con información de EFE
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