En el marco de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha Contra el Terrorismo, los Estados del hemisferio americano manifestaron este 20 de enero su preocupación por la presencia de las redes de la organización islámica Hezbolá en el continente.
EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
La cumbre contra el terrorismo que se celebró en Bogotá, Colombia, fue calificada en el comunicado de ser la continuidad de los esfuerzos del hemisférico en la lucha contra esa actividad y su financiamiento.
El encuentro contó con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia.
A su vez, Israel, México, Uruguay, Venezuela, el Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (OEA), Interpol y Ameripol estuvieron presentes en calidad de observadores.
A continuación, el texto íntegro del comunicado que acordado en la Conferencia de Lucha Contra el Terrorismo:
Los Gobiernos participantes:
1. Condenaron al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, cualesquiera que sean sus motivaciones, enfatizando que constituye una amenaza para la paz y la seguridad de los países y de la comunidad internacional; así como para los derechos humanos, la estabilidad democrática, el desarrollo económico y social y los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios nacionales, deplorando sus efectos en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas. En tal sentido, expresaron que no es admisible justificar o validar el terrorismo como medio de acción política en la democracia.
2. Reconocieron que el terrorismo transnacional no conoce frontera geográfica, y en tal sentido, ratificaron el compromiso indeclinable de los Estados para que denieguen refugio, asilo, albergue y/o cualquier tipo de apoyo a quienes financien, planifiquen o cometan actos terroristas, o a quienes les presten colaboración, de conformidad con las legislaciones nacionales, las obligaciones del derecho internacional, los tratados internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellas: la 1267 (1999),1373 (2001),1540 (2004), 1988 (2011), 2178 (2014), 2309 (2016), 2322 (2016), 2368 (2017), 2396 (2017), 2482 (2019), 2462 (2019); la resolución de la Asamblea General 74/194 (2019); y en línea con el cumplimiento de las recomendaciones 5, 6, 7 y 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI.
3. Destacaron la importancia de un enfoque holístico, que tenga en consideración los vínculos que existen entre el terrorismo y su financiamiento, los cuales pueden incluir diversas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional. En tal sentido, reafirmaron la responsabilidad de los Estados de negar cobijo financiero, operacional o cualquier otro tipo de apoyo a los terroristas, y ponerlos a disposición de la justicia. Así mismo, condenaron las acciones de aquellos actores que intencionalmente brindan apoyo o protección a grupos u organizaciones terroristas, perpetradores, organizadores y patrocinadores del terrorismo.
4. Afirmaron que las organizaciones terroristas ISIS/Daesh y Al-Qaida, y sus organizaciones afiliadas, constituyen una amenaza a la seguridad colectiva, a la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios, y a todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones.
5. Expresaron su preocupación por las actividades que redes de Hezbolá continúan realizando en algunas áreas del hemisferio occidental. Aplaudieron las acciones recientes de Estados de la región para contrarrestar las actividades de las redes de Hezbolá; así como alentaron a otros gobiernos a buscar formas más efectivas de abordar esta amenaza.
6. Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región, la acción del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual perpetra actos terroristas y actividades criminales de inaceptable violencia y obtiene financiamiento de origen ilícito. Asimismo, expresaron su rechazo a las actividades criminales de Sendero Luminoso.
7. Condenaron el atentado terrorista perpetrado por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019, en el que 21 cadetes colombianos y 1 cadete ecuatoriana fueron vilmente asesinados, así como otros cadetes que resultaron heridos.
8. Expresaron su rechazo y condena a las acciones terroristas y actividades criminales como las perpetradas por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional- ELN- y por el Grupo Armado Organizado Residual -GAO-r, que constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, a la libertad, al régimen democrático y a los Derechos Humanos.
9. Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región las acciones terroristas de organizaciones como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cuales perpetran actos de inaceptable violencia y barbarie, y obtienen su financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada transnacional.
10. Expresaron su preocupación a que organizaciones que cometen actos terroristas como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN-, puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares, como por ejemplo en Venezuela, para potenciar actos terroristas y actividades delictivas en la región.
11. Reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación contra los delitos transnacionales y el terrorismo, mejorando la coordinación estatal para responder a la amenaza del terrorismo en todos los espacios (físicos y digital).
12. Coincidieron en la necesidad de promover e implementar las iniciativas hemisféricas de lucha contra el terrorismo, de forma tal que permitan una adecuada articulación regional para combatir el accionar de las organizaciones terroristas transnacionales.
13. Destacaron la importancia de incrementar la cooperación internacional y el fortalecimiento de escenarios de articulación regional, principalmente en el marco del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (Cicte), en materia de capacitación, intercambio de información e inteligencia, así como la cooperación internacional en materia judicial, la extradición y la implementación de alertas de viaje.
14. Incentivaron a los gobiernos de la región a usar las herramientas y capacidades de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), incluido el sistema seguro de comunicación global I-24/7 y las notificaciones y difusiones, para prevenir y afectar el movimiento de terroristas, y reprimir el financiamiento del terrorismo, como lo indican las resoluciones de las Naciones Unidas 2178 (2014), 2396 (2017) y 2462 (2019). Así mismo, expresaron su voluntad de fortalecer la Comunidad de Policías de América – Ameripol, como un mecanismo regional efectivo para combatir el asocio del terrorismo con el crimen transnacional organizado.
15. Expresaron su compromiso para participar y utilizar, en el marco de la Organización de los Estados Americanos / Comité Interamericano Contra el Terrorismo OEA / Cicte, la nueva Red Interamericana contra el Terrorismo, que fue propuesta en la Reunión Preparatoria de Santiago de Chile y convenida por los Estados en la II Conferencia contra el terrorismo en Buenos Aires, la cual está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, con el fin de facilitar el intercambio oportuno de información para responder de manera más efectiva a las amenazas terroristas.
16. Notaron que prácticas tales como participar en la Red Interamericana contra el Terrorismo 24/7, está entre las herramientas más efectivas de que disponen los Estados para detectar y prevenir viajes de terroristas y otras amenazas, conforme la Resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros compromisos internacionales.
17. Resaltaron la importancia de prevenir, combatir, contrarrestar y reprimir el uso con fines terroristas del Internet, de las nuevas tecnologías, las plataformas virtuales FINTECH, las redes sociales y de activos virtuales, como medio para la planificación, la radicalización, el reclutamiento de personas, la recaudación de fondos y el financiamiento; al tiempo que se toman medidas para mantener un Internet abierto, libre y un ciberespacio seguro, con respeto pleno a la privacidad y la libertad de expresión.
18. Reafirmaron su compromiso en redoblar los esfuerzos para combatir las fuentes de financiación del terrorismo, incluyendo aquellas que resultan del lavado de activos.
19. Resaltaron la necesidad de seguir fortaleciendo sus marcos legales nacionales para implementar sanciones financieras y otras medidas efectivas para congelar los activos vinculados a organizaciones terroristas; y evitar que los Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados Transnacionales utilicen los sistemas financieros y/o económicos para dar apariencia de legalidad u ocultar el origen ilícito de esos activos.
20. Renovaron su compromiso para fortalecer sus unidades de inteligencia financiera a efectos de crear espacios regionales de cooperación, con el fin de ubicar, rastrear, recuperar e incautar los activos de las organizaciones criminales en sus jurisdicciones.
21. Ratificaron su compromiso de fortalecer sus capacidades en materia de control de fronteras, equipos conjuntos de investigación, inteligencia, incluida la inteligencia financiera, transporte transfronterizo de efectivo y valores negociables, para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y sus medios de financiación; así como prevenir el flujo de combatientes terroristas extranjeros retornados en la región.
22. Subrayaron las acciones que a nivel de los mecanismos bilaterales están disponibles para las autoridades de los Estados, de conformidad con las resoluciones de las organizaciones internacionales. En este sentido, apoyaron experiencias exitosas entre países y organizaciones internacionales, que fomentan nuevas formas de cooperación.
23. Reafirmaron el convencimiento de que los esfuerzos de los Estados en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, tanto en el ámbito de las respuestas individuales como colectivas, deben realizarse en el marco del Estado de Derecho y la legislación nacional, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el Derecho Internacional vigente.
24. La Delegación del Perú anunció su ofrecimiento para ser sede de la IV Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.
Redacción Maduradas
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