El Gobierno cree que el pueblo es bolsa, pero los venezolanos ya no se comen sus cuentos y denuncian que la nueva medida para distribuir alimentos es un completo fracaso, lo que agudiza la grave situación de escasez en el país.
Sol Guerra es maestra y vocera del consejo comunal Madre Tierra, que hace vida en la parroquia La Pastora, municipio Libertador, en Caracas. Señala que ante la falta de alimentos ella y sus vecinos han tenido que optar por comer puras verduras y frutas para no tener que pasar hambre, reseñó El Estímulo.
Foto vía El Estímulo
“Mi consejo comunal atiende un área de 10 cuadras, en donde habitan unas 700 familias, allí no ha llegado ni en una oportunidad el operativo de la entrega de la bolsa solidaria que prometieron entregar a través de los Comités Locales de Alimentación y Producción, Clap, con la agravante que ya en los negocios en los cuales hacíamos colas para la compra de los productos básicos ya no le llegan alimentos regulados, por lo cual nos hemos tenido que convertir casi en vegetarianos para no pasar hambre”, dijo Guerra.
Estas declaraciones de líderes comunitarios de Caracas, se dieron a conocer durante una rueda de prensa organizada por los diputados Jesús Abreu y Olivia Lozano, ambos representantes de la Mesa de la Unidad (MUD), encargados de la Subcomisión Permanente del poder popular, quienes denunciaron que los Clap son organizaciones netamente políticas, que buscan doblegar al pueblo y obligarlos a apoyar políticas que violan la Constitución.
Indicaron los diputados que han recibido una serie de denuncias por parte de los vecinos, entre las cuales se cuentan el desvío hacia otros destinos de camiones cargados de alimentos que antes llegaban a los mercados, abastos y supermercados, censos que discriminan a las personas que no militan en el PSUV, así como bolsas de comida “chucutas” que no alcanzan para cubrir las necesidades alimentarias de una familia modelo.
Indicaron Abreu y Lozano, que diariamente se presentan manifestaciones en todo el país por la falta de comida, las cuales son reprimidas por los funcionarios de la Guardia Nacional, violando los derechos constitucionales, publicó El Estímulo.