El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio cumple este lunes 13 de noviembre un mes en marcha con sus magistrados repartidos por cuatro países, reuniones a través de Internet y el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Foto: Miguel Pizarro.
El 13 de octubre, los magistrados nombrados y juramentados por la Asamblea Nacional (AN) se configuraron como Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el ilustre Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), un hecho controvertido y sin precedentes que molestó a los países miembros.
Se autodenominan “Supremo legítimo” al considerar que el Tribunal oficial que funciona en Caracas fue nombrado “sin que se cumplieran los requisitos constitucionales” por la mayoría parlamentaria chavista justo antes de que la Asamblea Nacional (AN) pasara a manos de la oposición en enero de 2016.
Así lo explicó el presidente del Supremo “en el exilio”, Miguel Ángel Martín, uno de los tres magistrados que residen en Washington, ciudad que han elegido para situar su oficina central.
Entre sus compañeros hay varios con “asilo político” en Panamá (cuatro), Colombia (ocho) y Chile (seis), mientras que el resto han “iniciado” el proceso de petición de asilo y están en otras ciudades de Estados Unidos: Chicago y, un grupo numeroso, en Miami.
Los jueces designados por la oposición han sido acusados de “traición a la patria” y llevan desde entonces ya más de tres meses perseguidos por la Justicia refugiándose en embajadas en Caracas, exiliándose en otros países y uno de ellos con medidas cautelares en Venezuela.
“Hemos sido elegidos por 12 años, teníamos dos opciones, o nos quedábamos individualmente en el exilio o cumplíamos nuestro deber, e inmediatamente decidimos integrar cada una de las Salas del Supremo”, indicó Martín.
“¿Tú crees que nosotros estamos contentos de estar trabajando de esta manera? Nosotros queremos estar donde debemos estar pero, como fuimos expulsados de Venezuela, estamos haciendo lo que nos toca hacer, con todas las dificultades, incluso dificultades para que la gente lo comprenda”, agregó.
Los magistrados admiten que el suyo es un “instrumento jurídico novedoso e inédito” y constatan que “por eso es que a veces cuesta conseguirle cierta compresión”.
Este Supremo autodenominado “en el exilio” se reúne cada semana a través de internet, mientras que las diferentes salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben a través del correo electrónico y de una página web aún en construcción.
Financian sus actividades tanto con “recursos propios” de los juristas como con “dinero de fundaciones amigas que hacen vida en Estados Unidos”, “norteamericanas y una europea”, de las que prefieren no dar los nombres porque, esgrimió Martín, “son muy celosos con ese tipo de cosas”.
La intención es tener “una sede administrativa” en cada uno de los países donde están los magistrados con “una sede central” en Washington todavía “en trámites”.
Sostienen que se trataría de una “oficina privada” y de que no sería la OEA, aunque presumen de que acuden a menudo a “reuniones institucionales” en la sede del organismo.
Martín dijo en una entrevista que “hay un salón que nos han autorizado para sesionar cuando nosotros lo deseemos”, “el Salón Miranda”, y añadió que los tres magistrados que residen en Washington van allí “a reuniones de trabajo” en las que solo están ellos.
Un portavoz de la Secretaría General, que encabeza Luis Almagro, indicó que “después del acto del día 13 de octubre (la ceremonia de configuración del Tribunal) no se han usado salones de la OEA para actividades del Supremo”.
Tras este desmentido, Martín se retractó de algunas de sus afirmaciones en la entrevista al admitir que “el Tribunal Supremo de Justicia legítimo no funciona en la OEA. Las visitas que hemos realizado algunos magistrados en la OEA han sido estrictamente institucionales y de cortesía”, apuntó.
Lo que está claro es que cuentan con el apoyo de Almagro, que no solo les cedió la OEA para su configuración como Supremo sino que les aplaudió su tarea “de dar sentido nuevamente a la Justicia” en un país, dijo, con un Supremo oficial “deslegitimado”.
Cabe destacar que el Parlamento venezolano designó en julio a 33 magistrados para el TSJ, con la idea de que reemplacen a 33 jueces en ejercicio de esa instancia, al considerar que están al servicio del Gobierno y que en su nombramiento hubo graves irregularidades.
Con información de EFE
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