De acuerdo a últimas revelaciones, el millonario rescate de la aerolínea española Plus Ultra, vinculada también al régimen de Nicolás Maduro, se fraguó en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en febrero del presente año, aunque no contaron con los informes jurídicos y financieros hasta un mes después.
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Según datos suministrados y reseñados en el portal Voz Pópuli, las actas del consejo gestor reflejan cómo, ya en la primera sesión en la que se abordó la entrega de la ayuda de 53 millones de euros, se apuntó a la “conformidad” de la operación y al carácter “estratégico de la compañía”, pese a que hasta el momento solo contaban con el plan de viabilidad aportado por la aerolínea.
Los documentos, incorporados al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y a los que ha tenido acceso el mencionado medio de comunicación, revelan cómo los integrantes del consejo actuaron de conformidad para autorizar esta ayuda de fondos públicos, que ahora se investiga por presunto delito de prevaricación.
Vale recordar, que la aerolínea Plus Ultra recibió el pasado 10 de agosto los 34 millones de euros pendientes del rescate financiero de 53 millones de euros en préstamos (62,5 millones de dólares) procedentes de la SEPI.
Esta entidad pública procedió al desembolso después de que la Justicia española desbloqueara esa cantidad y autorizara su entrega a la compañía aérea.
Un juzgado de Madrid revocó el bloqueo de la segunda parte del rescate conforme al criterio de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, partidarias de levantar la suspensión cautelar de la entrega al no apreciar delito y para evitar la falta de liquidez.
La medida había sido tomada por la juez Esperanza Collazos durante la investigación por presunta malversación de esa ayuda pública concedida a Plus Ultra, aprobada por el Gobierno español el pasado 9 de marzo a cargo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
Sin embargo, el juez en funciones de sustitución, Jaime Serret, admitió el recurso de la aerolínea, ya que, a falta del peritaje, adelantar que Plus Ultra no podrá devolver los 34 millones de euros (40 millones de dólares) es «un riesgo hipotético».
Además, apuntaba, mantener bloqueada esa cantidad supondría «la quiebra definitiva» de la compañía, con el perjuicio para los pasajeros.
Según la SEPI, «el desembolso completo de la ayuda puede permitir a esta compañía el cumplimiento de su plan de viabilidad» y «evitar un riesgo de insolvencia definitiva que la hubiera obligado a dejar de operar, generando un evidente perjuicio a sus clientes y acreedores».
Este asunto es motivo de polémica política en España entre el Gobierno, que dirige el socialista Pedro Sánchez, y la oposición de conservadores, extrema derecha y liberales, que cuestionan la ayuda.
Su capital social es español mayoritariamente, si bien algunos miembros del accionariado son venezolanos o tienen doble nacionalidad española-venezolana, según la propia empresa.
La aerolínea negó en su momento las acusaciones de que tenga vinculación alguna «con el chavismo u otros regímenes políticos».
Esta fue la segunda línea aérea en España, tras Air Europa, en recibir ayuda del fondo público citado, creado en julio de 2020 para apoyar a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la covid-19 ha puesto en una situación difícil.
Redacción Maduradas con información de EFE y Voz Popúli
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