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El contundente informe de varias ONG que revela los atropellos a derechos humanos en Venezuela, antes, durante y después de las elecciones

Un informe conjunto elaborado por diversas organizaciones de derechos humanos en Venezuela evidencia las violaciones a los derechos fundamentales ocurridas antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio de 2024. El documento detalla patrones de represión, obstáculos a la participación ciudadana y actuaciones coordinadas desde el poder que podrían calificarse como “terrorismo de Estado”.

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Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran las detenciones y la falta de libertad de expresión. Antes de las elecciones, 25 personas fueron detenidas por informar, y 58 sitios web y portales sufrieron bloqueos para restringir el acceso a la información. Asimismo, al menos 169 personas fueron arrestadas de manera arbitraria por razones políticos, entre ellas se encuentra la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.

También registra el texto una represión masiva, ya que durante las protestas posteriores al resultado electoral, entre 24 y 26 personas perdieron la vida en el contexto de manifestaciones. Las autoridades habrían ordenado una represión feroz para neutralizar las protestas.

Además, el reporte denuncia un patrón de “terrorismo de Estado” mediante actuaciones coordinadas entre distintas instituciones de poder contra los ciudadanos.

El informe señala que el líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, “ha sido el vocero principal de las estrategias de represión, que se han divulgado públicamente, incluyendo la fabricación de falsos positivos para deslegitimar las denuncias sobre violaciones al derecho a la vida en el contexto de las protestas, de manera coordinada a diferentes niveles del poder público, en conjunto con sus aliados”.

De acuerdo con el corte de datos hasta el 29 de agosto había 1590 detenidos confirmados por las ONG, 86.1% hombres y 13.9% mujeres.

“En los patrones vinculados a las detenciones hubo desapariciones forzadas de corta duración, negativa a poder ser representados por sus abogados de confianza, aplicación masiva de la legislación contra el terrorismo, realización de audiencias virtuales en juicios sumarios, privación de libertad a adolescentes y personas con discapacidad. Además, después del 28 de julio, se registraron por lo menos 184 actuaciones de civiles armados, conocidos como Colectivos”, detalle el documento.

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Redacción Maduradas con información de RunRun.es.

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