La organización Lupa por la Vida denunció en el informe 2022 de ejecuciones extrajudiciales que policías y militares causaron la muerte de 824 personas el pasado año en diferentes circunstancias.
Román Camacho
De las 824 personas asesinadas, 501 (61%) lograron ser identificadas y 323 (39%) no pudieron ser identificadas. Del número total de fallecidos, 806 (97,82%) fueron hombres y 18 (2,18%) mujeres.
El documento precisa que la mayoría de estas víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (66%), que vivían en zonas populares.
Resalta que el 2022 se caracterizó por registrar un “alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato”.
Consideran que la elevada cifra de muertes representa la “continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas al derecho a la vida. La impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen. Dicha impunidad es también una política de Estado”.
“De este modo, se ha institucionalizado la acción deliberada de producir muerte”, advierten.
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Redacción Maduradas con información RunRun.es.
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