El teniente coronel del Ejército Francisco Navas Lugo fue el gerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la eliminada Comisión de Administración de Divisas, Cadivi. Fue imputado por la Fiscalía General de la República en julio de 2013 por ser el supuesto coautor en la comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir y cómplice en la obtención fraudulenta de divisas. Una nota de prensa de la institución indicaba que había sido denunciado por el cobro de dinero a cambio de sus oficios para agilizar la asignación de moneda extranjera.
Ya se cumplió un año de ese momento: desde entonces ningún otro de los militares que manejaron el principal organismo del control cambiario ha sido investigado o imputado, según información divulgada por el Ministerio Público.
Oficiales activos y retirados ocuparon posiciones en áreas clave de la comisión, especialmente después de 2006 cuando el entonces mayor Manuel Barroso fue designado presidente de la instancia, en la cual estuvo seis años: más tiempo que ningún otro de sus predecesores y sucesores. Junto con él hacían mayoría en el directorio de Cadivi –que tenía la potestad de aprobar las divisas de los solicitantes, de acuerdo con los reglamentos internos– el ahora general de brigada Félix Osorio, también presidente de Mercal, y el teniente coronel retirado William Fariñas, hoy diputado y que dirigió el Fondo Único Social a principios de la década, cuando el organismo fue denunciado por el presunto mal manejo de recursos millonarios, incluidos parte de los que fueron destinados para atender la tragedia de Vargas de 1999.
La corrupción asociada a los sistemas de control cambiario establecidos desde hace una 10 años provocó las pérdidas de por lo menos entre 25 millardos y 30 millardos de dólares, según voceros oficiales, quienes han dicho que la mayor parte del dinero terminó en manos de propietarios de empresas falsas o de compañías que usaron los recursos para obtener ganancias cambiarias.
Luisa Ortega Díaz, fiscal general, declaró el jueves pasado que había más de 1.492 personas investigadas, 237 imputados, 49 acusados y 34 condenados por el caso, pero no aclaró cuántos de ellos eran oficiales de la FAN que trabajaron en la desaparecida instancia. La consulta presentada el mismo día al Departamento de Prensa tampoco permitió despejar la duda, que no se aclaró en el más reciente informe anual del despacho. Solo un civil que trabajó en Cadivi, William Rojas Graterol, ha sido el único condenado después de que admitió su vinculación con la constitución de empresas fantasma, como se informó en los despachos de Fiscalía.
Fuente: El Nacional