El exalcalde venezolano Daniel Ceballos solicitó este miércoles 13 de diciembre al Tribunal Supremo de Justicia revisar la inhabilitación que le impide competir en elecciones, luego de que el régimen y la oposición acordaran un mecanismo para la eventual resolución de estos casos, de cara a futuros comicios.
Ceballos, que no ha dicho que vaya a competir en las presidenciales de 2024, recordó que en 2021 el Consejo Nacional Electoral no le permitió presentarse en las votaciones regionales por una inhabilitación impuesta desde la Contraloría, cuya duración no precisó.
«Creo que hay que pasar la página. Venezuela requiere que los políticos asuman su responsabilidad y lo hagan de cara al presente y al futuro», dijo ante periodistas el exalcalde de San Cristóbal, estado Táchira (fronterizo con Colombia), que se identifica como militante del partido Voluntad Popular, pese a que la formación reitera que fue excluido por ser un «mandadero» del Gobierno.
Ceballos pasó cuatro años y medio en prisión por «permitir» protestas antigubernamentales con barricadas en la localidad que él regía en 2014, cuando las manifestaciones fueron reprimidas en todo el país, especialmente en San Cristóbal, con un saldo de 43 fallecidos.
⚫️ Daniel Ceballos se presentó ante el TSJ para pedir una revisión de su inhabilitación.
🗣️ Hemos apoyado durante más de 3 años este diálogo entre gobierno y oposición, creo que hay que responder a estos moderadores acudiendo y aquí estamos.
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— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) December 13, 2023
Ahora, el exalcalde se suma al periodista Leocenis García, líder del partido Prociudadanos, que el jueves pasado se convirtió en el primer opositor en acudir al TSJ para aprovechar este mecanismo de revisión de inhabilitaciones acordado entre el Ejecutivo y la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática.
El pasado 30 de noviembre, Noruega, mediador en las negociaciones venezolanas, informó de la recepción de un procedimiento establecido por el TSJ para «procurar la revisión» de las inhabilitaciones políticas a opositores, un mecanismo que fue activado el 1 de diciembre y que estará disponible hasta este viernes.
En opinión de María Corina Machado, la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria también inhabilitada hasta 2030-, el proceso «plantea restricciones a libertades» que son «inaceptables», como la prohibición de criticar a las instituciones del Estado y la obligatoriedad de acatar la decisión que emane del Supremo, por lo que se inclina a no solicitar su revisión, aunque ha dejado abierta la posibilidad de un cambio de posición.
EFE
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