Estados Unidos acusó este viernes a las fuerzas de seguridad venezolanas de llevar a cabo una campaña de torturas y asesinatos extrajudiciales durante el año pasado con el objetivo de «consolidar» en el poder al presidente Nicolás Maduro.
Foto: Infobae
De acuderdo con el informe sobre Derechos Humanos que elabora anualmente el Departamento de Estado, el gobierno de Venezuela incluso patrocinó a los llamados «colectivos», grupos paramilitares que emplean la violencia para acallar las voces contrarias al actual Ejecutivo, de cara a las próximas elecciones presidenciales.
«Los asuntos más significativos en cuanto a Derechos Humanos incluyen asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos aquellos ejecutados por los ‘colectivos’ patrocinados por el gobierno y torturas ejercidas por las fuerzas de seguridad», denunció el informe.
El documento también hace referencia a las duras condiciones que existen en las prisiones venezolanas, que llegan a poner en riesgo la vida de los reos, así como el aumento de las «detenciones arbitrarias» y de la existencia de presos políticos en lo que supone una injerencia «ilegal» del Ejecutivo en la esfera privada de los ciudadanos.
Estados Unidos denunció, además, la falta de independencia que sufre el Poder Judicial en el país.
«Venezuela es formalmente una república multipartidista y constitucional, pero durante más de una década el poder político ha estado concentrado en un único partido con un Ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el Judicial, el Legislativo y los ciudadanos», sostiene el documento.
El texto también indica que, con motivo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 20 de mayo, el gobierno de Maduro llevó a cabo múltiples abusos con el propósito de garantizar su victoria.
«El gobierno arrestó a miles de individuos, juzgó a cientos en cortes civiles y militares, y sentenció aproximadamente a 12 alcaldes de la oposición a penas de prisión de 15 meses por su supuesta incapacidad a la hora de controlar las protestas que tuvieron lugar en sus jurisdicciones», explica el informe.
Las injerencias del Ejecutivo no se limitan a las ramas del Estado, sino que también afectaron a la sociedad civil y a los medios de comunicación, al proceder a bloquear la emisión de señales de forma «rutinaria» y al ordenar el cierre emisoras de radio y televisión, así como de otros soportes informativos.
El informe, que sirve como guía al Congreso estadounidense a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país, examina el comportamiento de los gobiernos extranjeros de todo el mundo respecto a los derechos humanos.
Con información de EFE
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