El reciente informe elaborado por Alena Douhan, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, quien pidió a los Estados Unidos retirar las sanciones económicas contra Venezuela para que el país compre vacunas contra el coronavirus, ha dejado un candelero y una estela de cuestionamientos en cuanto a la calidad de la información que manejó esta funcionaria durante su visita oficial en el país.
Reuters
Vale recordar, que luego de una visita a Caracas, para corroborar cómo las sanciones económicas de Estados Unidos sofocan «esfuerzos» para vencer al COVID-19, Douhan concluyó que las medidas se han traducido en un «efecto devastador».
«El efecto devastador de las sanciones impuestas (por Estados Unidos) se multiplica por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento que afectan negativamente a los sectores público y privado, ciudadanos de Venezuela, organizaciones no gubernamentales, nacionales y empresas de terceros países», dijo.
Sin embargo, son muchas las voces que argumentan que la crisis económica que impide enfrentar los estragos de la pandemia en la actualidad, así como asistir a la población que padece altos niveles de escasez de alimentos y medicamentos, comenzó mucho antes de la aplicación de las sanciones por parte de EEUU y otros países.
Molly De La Sotta, representante de la ONG Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela, pero también hermana del capitán de navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, uno de los detenidos en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), reveló durante una conversación con la periodista Sebastiana Barráez, corresponsal de Infobae, que no tuvieron acceso a la relatora.
Además, aseguró que la Oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo, a varias personas interesadas en presentar sus casos, que no podían hacer la intermediación para una reunión con la relatora. Lo que evidentemente dificultó que tuviera información valiosa sobre la situación de Venezuela, no solo en el tema de los presos políticos, sino de la crisis económica, la cual ha derivado supuestamente en gran parte por las sanciones.
«Podríamos pensar, por el resultado sesgado del informe, que la Relatora recibió una sola versión de los hechos, sin embargo, en su informe, dice que se reunió con la Oficina de la Alta Comisionada, quien por cierto tiene todas las denuncias actualizadas», apuntó De La Sotta.
MÁS CUESTIONAMIENTOS
«Los continuos viajes de Jorge Arreaza a Ginebra y su campaña internacional de que ‘las Sanciones son un Crimen’, dieron sus frutos», escribe la mencionada comunicadora social en su artículo.
«Desde que su Comisión se instaló en Venezuela en septiembre del 2019, de nada han servido sus reuniones mensuales con 21 representantes de 10 Instituciones del gobierno de Maduro, el Comité de Coordinación Institucional para darle seguimiento a los planes de trabajo, ni sus dos planes Nacionales de Derechos Humanos, que por cierto ninguno ha sido publicado, lo que dice bastante de la nueva etapa de Bachelet con Venezuela», agregó la periodista.
Incluso, Barráez, fue más allá y aseveró que el único objetivo que le ha quedado a Bachelet y su comisión «es demostrar que si están cumpliendo con el acuerdo de Cooperación Técnica sin que importen los resultados».
«Muchos familiares de las víctimas observaron con indignación y asombro la publicación que hizo la Cancillería venezolana, celebrando la realización de un Taller de Derechos Humanos entre la Oficina de la Alta Comisionada e Instituciones del Estado, en donde el Presidente de la Corte Marcial el General Edgar Rojas Borges, quien está señalado por crímenes de lesa humanidad, hizo entrega de los diplomas frente a representantes de la Oacnudh que se supone deben proteger los derechos humanos», sostuvo.
Redacción Maduradas con información de Infobae
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