La Jueza 17 de Control de Caracas, Adriana López, decidió el pasado 5 de junio en la madrugada el pase a juicio en prisión de Leopoldo López, basada en dos informes semánticos de sus discursos políticos, promovidos por la Fiscalía como elementos de prueba.
Para finales de abril la defensa de López había propuesto a la jueza que esos estudios fueran realizados por un equipo profesional de analistas del discurso designado por consenso entre las partes. El tribunal negó la propuesta y en su lugar admitió a un equipo del Cicpc promovido por la Fiscalía y nombró a dos profesionales de manera unilateral.
Una de las analistas es Rosa Amelia Asuaje, licenciada en Letras, magister en Fonética Experimental y doctora especialista en métrica, rítmica y organización de la narrativa griega. Proviene de la Universidad de Los Andes.
La filóloga es además columnista activa de Aporrea.org desde 2010. Uno de sus artículos más recientes es del 11 de febrero y se titula “Guarimbas en Mérida aupadas por una sociedad cómplice”.
En ese escrito Asuaje cierra con la siguiente frase explícita: “Esperen sentados en sus cómodos sofás y tómense un Martini seco mientras siguen ‘tuitiando’ desaforadamente que los chavistas tenemos los días contados”.
Alto funcionario. El otro experto promovido por el tribunal es el periodista Mariano Alfonso Alí. Fue funcionario del gobierno de Hugo Chávez y en la actualidad lo es del gobierno de Maduro. En 2007 redactó el Manual de Estilo de Radio Nacional de Venezuela; en 2009 fue nombrado viceministro de Gestión Comunicacional del Minci, cargo que desempeñó hasta 2010. En 2010 fue nombrado director de YVKE Mundial-Los Andes, cargo que aun ejerce y que comparte con el de directivo principal del grupo YVKE Mundial, que le fue asignado en 2011.
En su cuenta de Twitter, @alíperiodista, el funcionario se identifica como periodista venezolano-palestino, con una maestría en Ciencias Políticas, y tesista de un doctorado en Antropologia. Además, indica tener estudios de cibercultura. De hecho, muchos de sus mensajes de Twitter se asocian a contenidos de ese último tópico. Fue columnista de Aporrea entre 2003 y 2012.
El Nacional no logró encontrar información que confirmara la especialización en análisis semántico o análisis del discurso de ninguno de los analistas seleccionados por el tribual 17 de Control para el caso López. Adicionalmente, este diario envió mensajes de correo electrónico y de texto a Asuaje para entrevistarla sin recibir respuesta.
Precedente en Twitter. El juicio de López no solo se basó en sus discursos pronunciados el 23 de enero, el 2 y el 12 de febrero, sino también en los mensajes publicados en su cuenta de Twitter.
No sería el primer caso de procedimiento judicial por los comentarios expresados en la red social:
-Marzo de 2013: Lourdes Ortega Pérez fue detenida en Barquisimeto por enviar mensajes desestabilizadores (relacionados con la muerte de Hugo Chávez) en Twitter.
-Julio de 2010: Luis Acosta Oxford y Carmen Nares Castro fueron detenidos en Ciudad Bolívar e imputados por difusión de información falsa (relacionada con el sistema bancario).
-Septiembre de 2010: Jesús Majano fue detenido por supuesta “instigación al magnicidio” a través de la publicación de una foto de Chávez con una herida en la cara.
Un caso diferente lo representa el del gobernador de Carabobo y coordinador electoral del PSUV, Francisco Ameliach, quien el 18 de febrero de este año publicó en su cuenta Twitter un polémico mensaje: “UBCH a prepararse para el contra ataque fulminante. Diosdado dará la orden”. Al día siguiente se produjeron agresiones contra protestas de la oposición en Valencia que dejaron como saldo una joven asesinada (Geraldine Moreno). Hasta la fecha ningún fiscal del Ministerio Público ha presumido delito ni se tiene conocimiento de que se haya iniciado una investigación.
El derecho. Además de los artículos 57 y 58 de la Constitución que establecen el derecho a la libre expresión de las ideas, de los pensamientos y la pluralidad de la comunicación, el juicio contra López por el contenido de su discurso podría constituir la violación de pactos internacionales firmados por Venezuela:
-Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19.
-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19.
-Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo IV.
-Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13. (Venezuela denunció la convención en 2013), reseñó el portal del diario El Nacional.