El Partido Comunista chileno pidió este domingo aclarar las “incongruencias” y la “falta de imparcialidad” del informe de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela, que evidenció “graves vulneraciones de derechos” en el país caribeño.
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Mediante una declaración pública, los comunistas chilenos señalaron este domingo que es necesario que se aclare lo que pudiera entenderse como «incongruencias, contradicciones, presunciones infundadas y generalizaciones» y denuncian que esto significaría la «falta de imparcialidad en el informe”.
“Nos llama profundamente la atención que en el informe de la Alta Comisionada no se exprese ninguna condena a los intentos de golpes de Estado y a las amenazas permanentes de intervención militar en Venezuela; ni a actos de desestabilización con causa de muerte de sectores opositores de extrema derecha”, agregó el texto.
El comunicado subrayó, además, en que no hay un llamado enérgico a terminar con el cerco financiero y económico hacia Venezuela.
A pesar de estos alcances, el Partido Comunista chileno sostuvo que como lo ha expresado el propio Gobierno de Venezuela, se deben hacer «todos los esfuerzos por esclarecer la comisión de actos lesivos» a los derechos humanos y preservar en compromisos que aseguren su cumplimiento.
El informe de la Alta Comisionada de la ONU, publicado este jueves, insta a Nicolás Maduro, a acabar con las «graves vulneraciones de derechos” en el país.
Entre otras cosas, el documento denuncia que, especialmente desde 2016, la Administración de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a «neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno” con detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos.
Documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares.
Redacción Maduradas con información de EFE
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