El empresario venezolano Samark López, sancionado por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, compareció este miércoles 9 de febrero ante los tribunales.
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Archivo
López trata de impedir que tres contratistas estadounidenses, que estuvieron en manos de rebeldes colombianos, se apoderen de parte de sus activos en ese país como resultado de un juicio de 318 millones de dólares contra sus excaptores.
La información la publicó el periodista Joshua Goodman, de la agencia de noticias The Associated Press, que le ha hecho seguimiento al caso.
«El Tribunal de Apelaciones de Atlanta se centró en la audiencia enfocada en si López, quien fue acusado en un caso de violaciones de sanciones no relacionado, tiene el derecho legal de proteger su fortuna en los Estados Unidos. La ley estadounidense generalmente impide que los fugitivos se aprovechen de la autoridad de un tribunal», señaló.
El juez le preguntó a Adam Fels, abogado de López, qué había que perder y comparó la apelación como un intento de engañar al sistema en un marcado contraste con la negativa de López a enfrentar los cargos penales.
«Luego, los jueces presionaron a un abogado de los contratistas estadounidenses sobre si había pruebas suficientes que vincularan a López con sus captores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. López nunca ha sido condenado y fue sancionado por supuestamente ser la fachada del zar petrolero de Venezuela Tareck El Aissami«, añadió el periodista.
«Hay absolutamente un nexo», argumentó el abogado Richard Rosenthal, que representa a las víctimas, y agregó que un exagente de la DEA testificó que El Aissami presuntamente pertenece al Cártel de los Soles, que protege la cocaína de las FARC en Venezuela.
Fels descartó eso como rumores, diciendo que el exagente no tenía conocimiento directo de ningún delito.
Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, las víctimas, no pudieron cobrar su sentencia hasta que el expresidente Donald Trump firmó la Ley de Esclarecimiento Antiterrorista, que permite a las víctimas de los grupos terroristas embargar bienes que fueron incautados bajo la ley, como los de López.
Goodman señaló, sin embargo, que no se menciona a las FARC en la designación de López como presunto capo de la droga. La más cercana es una referencia al narcotraficante colombiano Daniel «Loco» Barrera, asociado de las FARC. Este sujeto fue arrestado en Venezuela y finalmente extraditado a Nueva York, donde recibió una sentencia de 35 años.
Sanctioned Venezuelan businessman Samark Lopez was in court today seeking to block three American defense contractors once held by Colombian rebels from seizing his US assets as part of a $318 million judgment against their ex-captors (THREAD)
Context:https://t.co/fFiGbxlLi8
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 9, 2022
"What's there to lose?" Judge Pryor asked Lopez's attorney Adam Fels, likening the appeal to an attempt to game the system in sharp contrast to Lopez's refusal to face the criminal charges.
"But by appearing he's got everything to lose," Pryor added. "My guess is he won't."
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 9, 2022
"There's absolutely a nexus," lawyer Richard Rosenthal argued, adding that an ex DEA agent testified that Aissami belongs to the "Suns Cartel" that protects FARC cocaine in Venezuela.
Fels dismissed that as hearsay, saying the ex agent had no direct knowledge of any criminality.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 9, 2022
One wrinkle: there's no mention of FARC in the designation of Lopez as a drug kingpin.
The closest is a reference to Colombian drug lord Daniel "Loco" Barrera, a FARC associate.
Barrera was arrested in Venezuela and eventually extradited to NY, where he got a 35-year sentence. pic.twitter.com/BMHmmPaZRN
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 9, 2022
Redacción Maduradas con información de AP
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