La noche del jueves, Rodolfo González, conocido como “El Aviador”, fue hallado muerto en su celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el Helicoide, tras permanecer recluido por casi un año.
Días antes, un grupo de detenidos junto a él en el Helicoide habrían recibido la noticia de que serían trasladados a la cárcel de Yare III. Ante la posibilidad de traslado, el capitán de Aviación Civil le habría dicho a sus compañeros de prisión que haría algo que “impedirá los trasladen a una cárcel», según afirma el periodista Isnardo Bravo. Horas más tarde, González, se habría quitado la vida ahorcándose dentro de su celda.
“Él les dijo a los jóvenes que están en el Sebin que iba a hacer algo para que no se los llevaran para Yare, pero nadie les prestó atención”, aseguró una persona cercana a González.
Aunque su hija Ivette desconocía esa promesa que habría realizado su padre, la mujer aún recordaba la última llamada que realizó el hombre el jueves a las 9:00 pm.
“Nos pidió que le lleváramos la cédula laminada el viernes a primera hora porque lo iban a trasladar para Yare. Estaba muy angustiado. Tenía dos días sin dormir. Pero siempre nos dijo que no iba a permitir que sus hijas y esposa fueran requisadas como lo hacen en ese tipo de cárceles”, expresó.
José Vicente Haro, abogado y defensor de Derechos Humanos, denunció que funcionarios de la policía política SEBIN estarían planificando y amenazando de trasladar a los estudiantes y demás personas allí detenidas en protestas del 2014, a penales de alta peligrosidad del país.
Extraoficialmente se conoció que González estaba detenido en el área de control del Sebin. Estaba en una celda privada y le permitían salir a espacios comunes en los que compartía con otros tres presos que son investigados por asociación para delinquir y otras causas que se detallan en el mismo expediente.
“Ninguno de los cuatro se conocían. Fueron detenidos por las protestas en días distintos. Uno de ellos es Renzo Prieto, egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira; Yamir Varela, vigilante de una quinta que es propiedad del activista de derechos humanos Gustavo Tovar Arrollo, y Douglas Morillo, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua”, explicó una fuente.
El abogado de González, Dionel Mendoza, explicó que su defendido no había pasado a juicio y que para ayer estaba pautada una audiencia en la que se presentaría un supuesto material incautado durante el allanamiento en su residencia.
“Varias veces se pidió una medida sustitutiva de libertad, lamentablemente pasó esto. La prueba hasta ahora y que jamás se ha promovido es la del patriota cooperante que supuestamente fue quien dijo que el señor Rodolfo tenía un aparataje montado, que recibía dinero de otro país, pero en ningún momento ese patriota cooperante se promovió como prueba. El caso lo lleva la fiscal 20° nacional Katherine Harington. Por lo que podemos ver, ella lo que busca es cuidar su puesto en el Ministerio Público”, advirtió.
“A la fiscal le digo que el éxito político no justifica la injusticia de llenarse de sangre las manos de alguien que actúa sin ningún apego a la justicia”, manifestó Lissete González.
Fuente: El Universal.