La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ordenó que sea constatada de inmediato la supuesta incomunicación carcelaria del líder opositor Leopoldo López, preso hace cinco meses en una cárcel militar próxima a Caracas. «Inmediatamente mando a un fiscal de derechos fundamentales (…) para constatar esa situación que ustedes señalan. Nosotros, respetuosos de los derechos humanos, velamos también por el cumplimiento del debido proceso», declaró Ortega al ser informada por periodistas de la denuncia de familiares de López de que solo se le permite recibir visitas de sus abogados.
López será enjuiciado a partir del próximo día 23 acusado de ser autor intelectual de incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir, por unos hechos violentos registrados en Caracas el 12 de febrero, cuando fue atacada la sede de la Fiscalía con bombas caseras tras una marcha pacífica convocada por él en el marco de su estrategia de lucha «La Salida».
El máximo dirigente del partido Voluntad Popular (VP), uno de los que integran la variopinta plataforma partidista opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha insistido en que «La Salida» del presidente Nicolás Maduro no debe ser violenta. Junto a la dirigente de la organización Vente Venezuela, la exdiputada María Corina Machado, que presiona por la renuncia de Maduro, López figura asimismo como parte de la «oposición radical» (como la catalogan algunos miembros de la propia oposición) que en el seno de la MUD promociona la estrategia antigubernamental «La Salida» con «acciones de calle pacíficas».
Estas protestas contra el Gobierno se iniciaron en febrero y algunas de ellas derivaron en hechos violentos que hasta el pasado junio dejaron 43 muertos, 873 heridos y más de 2.500 detenidos. La fiscal general precisó hoy que siguen detenidas 101 personas, de las cuales 14 son miembros de organismos policiales o militares y 6 estudiantes. Reveló que de ello informó en las últimas horas a la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), que requirió información al respecto.
Ortega destacó que entre los 43 muertos que dejaron los hechos de violencia política, 16 fueron funcionarios de la fuerza pública, de la Fiscalía u otras instancias estatales tiroteados por francotiradores «cuando estaban limpiando barricadas». También consta entre ese saldo de muertos, agregó la fiscal sin más precisiones, activistas que provocaron su propia muerte cuando manipulaban artefactos explosivos o cables del tendido eléctrico.
Sobre el adicional plan «golpista y magnicida» denunciado por el Gobierno, la fiscal dijo que sigue «en fase de investigación» y negó que la exdiputada Machado fuera ya imputada por ello o por las protestas derivadas de la estrategia opositora «La Salida». Machado dijo el lunes pasado que ese mismo día se enteró de que había sido imputada hace casi un mes por el delito de instigación pública, lo cual hoy fue negado por la fiscal general.
La ex-diputada ya fue citada el pasado 16 de junio junto a otros opositores a comparecer ante la Fiscalía en calidad de testigo en el caso abierto por un delito «contra la independencia y la seguridad de la nación», tras una denuncia realizada a finales de mayo por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Según el dirigente del PSUV Jorge Rodríguez, Machado estaría involucrada en un plan de desestabilización que incluía un «magnicidio» y un «golpe de Estado» que ya fue abortado, de acuerdo con una serie de correos electrónicos atribuidos a la opositora, reseñó el portal elsiglo.com.ve.